La oposición de Venezuela ataca al gobierno tras la muerte del primer ciudadano en huelga de hambre

En la última entrevista que Brito ofreció a medios locales, el 27 de junio pasado, retransmitida hoy por la cadena privada de noticias Globovisión, reiteraba que su única exigencia a las autoridades era que se legalizara la decisión oficial de devolverle sus tierras. "Me regresan el terreno en físico pero no me lo regresan desde el punto de vista legal (...) me ofrecen una indemnización (...) pero sin soporte legal", declaró entonces el ahora fallecido productor a la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV).

El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, insistió este martes en que "nunca se planteó la expropiación de los predios" de Brito, y que esa matriz habría sido alimentada por los medios de comunicación privados para politizar el caso y culpar al Estado de lo que le pasara al productor.

El Ejecutivo "entregó la titularidad de 290,20 hectáreas de tierras productivas del fundo La Iguaraya, ubicado en el estado Bolívar", indicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) en un resumen del caso de Brito. La agencia también citó que en el 2007 la Sala Constitucional del Supremo falló que "no existían los elementos alegados por el ciudadano en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad".

El presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, dijo este martes que "los organismos del Estado desplegaron las acciones necesarias para tratar de preservar la vida del productor agropecuario", según informó la AVN. Sostuvo que el productor habría sido "utilizado en su buena voluntad" para fines políticos por parte de sectores opositores, y que eso había "llegado a poner en riesgo su vida".

Portavoces de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmaron hoy, por su parte, que Brito "falleció siendo víctima de las atropellantes políticas agrarias del Gobierno". "Brito eligió la vía de la huelga de hambre para tratar de hacer valer sus derechos, y en lugar de ser escuchado (...) fue reprimido y sometido a la jurisdicción de un tribunal penal, como si estuviera cometiendo un delito", dijo la dirigente opositora Delsa Solórzano, en nombre de la Mesa, según un comunicado oficial.

Por otra parte, la coalición de organizaciones humanitarias Foro por la Vida culpó al Estado venezolano por la muerte de Brito, con el argumento de que las autoridades "estimularon permanentemente la impunidad" en el caso "haciendo uso desmedido de su poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones" El Foro, que agrupa a casi una veintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, señaló las presuntas decisiones políticas que frente al caso de Brito tomaron la Fiscalía y la Defensoría, a las que acusó de "no garantizar una investigación imparcial" y de "ser cómplice de actos violatorios de la dignidad" del productor, respectivamente.

También responsabilizó al INTI "de no facilitar la entrega de documentos que formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva" de Brito, "la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre". El caso de Brito se remonta a principios de la década e incluye episodios como el del 10 de mayo de 2005, cuando se cercenó un meñique en una plaza caraqueña en rechazo al "ensañamiento" oficial en su contra por el caso de las tierras.