Argentina vota entre el desgaste de Milei y una economía al límite

Serán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado los que se renueven. Las provincias que eligen senadores –CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego– serán clave para medir la implantación territorial del oficialismo.

Las elecciones de medio mandato son siempre un plebiscito para el Ejecutivo, como ocurrió en las recientes legislativas bonaerenses. En este caso, determinarán si La Libertad Avanza, el movimiento que llevó a Milei a la Casa Rosada, logra ampliar la actual bancada de 40 diputados y seis senadores.

Las encuestas coinciden en que el oficialismo podría aumentar modestamente su representación, ganando entre ocho y doce escaños en la Cámara Baja, pero lejos de alcanzar mayoría. En el Senado, el panorama es aún más difícil: el peronismo y sus aliados provinciales conservan una base territorial sólida.

El resultado, por tanto, no definirá solo el equilibrio de fuerzas en el Parlamento, sino también la viabilidad del proyecto político de Milei, que se propuso «dinamitar la casta» y reducir el Estado, pero que hoy afronta límites institucionales, económicos y sociales.

Para el PRO, el partido fundado por Mauricio Macri y núcleo histórico del centroderecha argentino, estas elecciones también son un examen decisivo. Aunque la derecha nunca ha sido muy defensora de las Malvinas argentinas, el pueblo argentino lo es, y está en la Constitución reclamar su soberanía sobre el archipiélago. La estrategia responde a un cálculo doble. Por un lado, Macri busca no quedar atrapado en el desgaste de Milei, que hoy concentra críticas por la crisis económica y los escándalos de su entorno. Por otro, pretende mantener viva la marca PRO como alternativa liberal moderada, capaz de negociar con el Gobierno pero sin diluir su identidad.

En los bastiones tradicionales del macrismo –la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense– la convivencia entre PRO y libertarios ha sido tensa. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, primo del expresidente, intenta preservar la gestión local frente al avance de La Libertad Avanza, que aspira a disputar espacios administrativos y presupuestarios en la capital.

En el Congreso, los diputados del PRO se han convertido en aliados tácticos del oficialismo: apoyaron la Ley Bases y algunas reformas económicas, pero marcaron límites en materia de educación, salud y política exterior. Si el resultado fortalece hoy a los libertarios, el PRO deberá decidir si consolida esa alianza o reconstruye un bloque propio que pueda dialogar tanto con Milei como con el peronismo no kirchnerista.

Para Macri, el desafío es evitar que el PRO quede reducido a apéndice del Gobierno o, en el extremo opuesto, que se perciba como obstáculo al proyecto liberal. La elección hoy ofrecerá pistas de la viabilidad de ese delicado equilibrio.

Dentro de esa trama se mueve Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y excandidata presidencial del macrismo, que encarna el punto de contacto más visible entre ambos espacios. Fiel a su estilo combativo, Bullrich defiende la «coherencia ideológica» entre su gestión y el ideario libertario, y se ha convertido en figura clave para tender puentes entre Milei y el PRO.

Sin embargo, su doble pertenencia genera tensiones internas. Parte del macrismo la acusa de entregar al PRO a la órbita de La Libertad Avanza, mientras sectores libertarios la miran con recelo por su pasado peronista y su pragmatismo. Bullrich insiste en que su prioridad es garantizar el orden y combatir el delito, pero su protagonismo la sitúa como posible mediadora –o eventual candidata– en una futura recomposición del espacio liberal. En los hechos, la ministra funciona como enlace entre los dos mundos: mantiene diálogo directo con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, pero también conserva interlocución fluida con dirigentes del PRO y gobernadores afines. Su supervivencia política dependerá del resultado electoral y el tamaño del reajuste que Milei promete tras los comicios.

El Gobierno exhibe un superávit fiscal frágil y una inflación que, aunque ha bajado al 2,1% mensual, sigue entre las más altas del mundo. La pobreza alcanza al 31,6% de la población y el desempleo al 7,6%. La receta libertaria –ajuste del gasto, liberalización de precios y reducción de subsidios– produjo una fuerte contracción del consumo y enfrió la actividad industrial. Las provincias denuncian retrasos en las transferencias y recortes en obras públicas. La contracción golpea con especial dureza a la clase media baja urbana, que había depositado esperanzas en el «shock de confianza» prometido por Milei.

El Gobierno se jacta de haber frenado la emisión monetaria y lograr equilibrio primario, pero lo hizo a costa de una recesión prolongada y la pérdida de ingresos reales. El Banco Central ha utilizado reservas para contener la presión cambiaria, mientras el dólar paralelo escaló a nuevos máximos.

La deriva macroeconómica se volvió el talón de Aquiles del proyecto libertario. El superávit que Milei presentó como trofeo del ajuste amenaza con diluirse si la recaudación sigue cayendo y los pagos de deuda aumentan. En los mercados, el optimismo inicial se transformó en cautela: la falta de un plan de estabilización integral alimenta rumores de devaluación después de los comicios.

En medio de ese panorama, Milei consiguió un acuerdo de 20.000 millones de dólares con EE.UU., formalizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Gobierno presentó el pacto como un voto de confianza internacional y prueba de una alianza estratégica con Donald Trump. La ayuda, sin embargo, no resuelve los desequilibrios estructurales. Economistas cercanos al Ejecutivo reconocen que el paquete ofrece tranquilidad temporal, pero no cambia la tendencia. El paralelismo con Mauricio Macri es inevitable: el expresidente también recurrió a créditos internacionales para estabilizar la moneda antes de las elecciones de 2019, y el alivio financiero acabó acelerando su desgaste.

A la crisis económica se suman escándalos de corrupción y conflictos internos. En la lista de calamidades destacan las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que vuelve a salpicar a Karina Milei, hermana y jefa de Gabinete del presidente, y las aportaciones de un empresario con causas por narcotráfico a la campaña del libertario José Luis Espert en Buenos Aires.

A ello se suma la escalada del dólar, que no cedió pese al ingreso de divisas norteamericanas, y el impacto negativo de la política económica en la actividad, el empleo y los ingresos. Las encuestas reflejan una caída de entre 10 y 12 puntos en la aprobación presidencial desde junio, mientras la confianza en el futuro económico se desploma.

El malestar es palpable: el precio de los alimentos básicos volvió a subir en octubre y los sindicatos preparan nuevas protestas contra los despidos en el sector público y la pérdida de poder adquisitivo. La rebelión fiscal de gobernadores que acusan al Ejecutivo de asfixiar financieramente a las provincias opositoras agrava el aislamiento de Milei.

Milei ha anticipado una amplia reforma de gabinete justo después de las elecciones. Según el entorno presidencial, las conversaciones para esa reestructuración comenzaron semanas atrás. El objetivo sería incorporar figuras técnicas y aliados con peso territorial, ampliando así la base de apoyos en la segunda mitad del mandato. La medida, más que un gesto de fortaleza, revela la magnitud de la crisis. Incluso antes de conocer los resultados, el presidente se mueve en modo de contención de daños.

Sea cual sea el desenlace, las legislativas marcarán un punto de inflexión. Si Milei mejora su posición parlamentaria, podrá presentarlo como un respaldo a su «revolución liberal». Si pierde terreno, entrará en una nueva fase de fragilidad, con un Congreso más hostil y una sociedad cansada de promesas.