El «narco» también pasa por las urnas en México

El crimen organizado no sólo será asunto recurrente en las campañas políticas de aquí al 1 de julio. También intentará hacerse un hueco en las urnas y en las instituciones, pues, como avisó el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, «el narcotráfico es la principal amenaza a la estabilidad económica y democrática, ya que no sólo intimida, sino que también impone y asesina a candidatos en procesos electorales».

Una intromisión que resultó evidente en las elecciones estatales de Michoacán, en noviembre del pasado año. Entonces, los cárteles no únicamente asesinaron candidatos, sino que señalaron a quién y dónde se debía o no votar. Sin disimulos, eufemismos ni circunloquios: en anuncios a toda plana publicados por la prensa. Durante la presidencia de Calderón han sido asesinados 28 alcaldes.

El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Alejandro Poiré, ha admitido «el interés» de la delincuencia organizada en «querer meterse» en los próximos comicios, aunque anunció que ya se trabaja con e l Instituto Federal Electoral , los ejecutivos de los estados y los partidos políticos para acotar dicho riesgo. «Todo el mundo reconoce que desde hace muchos años tenemos un fenómeno que tenía que ser enfrentado, el de la delincuencia organizada, y por ello tenemos que estar atentos a que puedan querer incidir en algunos casos específicos», dijo.

Aún así, el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) reconoce que veinte de sus aspirantes a alcalde en el Estado de Nuevo León renunciaron a participar en la contienda. «Nuestra gente denuncia personas armadas desde el momento que entran en los municipios a colocar propaganda», denunció Eduardo Arquijo, del PRD.

De momento, los candidatos presidenciales en campaña ya han adoptado más precauciones para desplazarse por el país que las que observaron los aspirantes en 2006. En la seguridad de los dos favoritos —el priista Enrique Peña Nieto y la panista Josefina Vázquez Mota— participa el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de elite del Ejército mexicano que protege al presidente. Peña Nieto, quien parte con una ventaja de veinte puntos sobre Vázquez Mota en las encuestas, se ha comprometido a incrementar el presupuesto destinado a seguridad, que ahora equivale al 1,5 por ciento del PIB.

El exgobernador mexiquense también respalda el proyecto de Calderón de unificar las más de 1.600 corporaciones policiales del país en 32, una por cada entidad federativa. Peña apoya los juicios orales y la reforma de los centros penitenciarios, que define como «escuelas del crimen».

Vázquez Mota, exministra de Vicente Fox y Felipe Calderón (Educación), reitera que su prioridad será el control de la violencia. Para ello, impulsaría una segunda fase contra la inseguridad con un gobierno de coalición integrado por expertos, tanto de otros partidos como de la sociedad civil. Anunció que el Ejército, presente en las calles de más de una docena de estados del país, regresará a sus cuarteles en cuanto existan policías locales de confianza. La candidata reconoce avances en frenar la expansión criminal, aunque insuficientes.

Andrés Manuel López Obrador, del PRD, replica que la actual estrategia no funciona y que para acabar con la inseguridad se deben atender las causas del delito y reactivar la economía y la generación de empleos, además de erradicar la corrupción en el gobierno. «Ni humanamente es recomendable enfrentar la violencia con la violencia». López Obrador, que fuera alcalde de la Ciudad de México, aboga por extender a toda la república las medidas que, a su juicio, han hecho de la capital «una de las ciudades más seguras del país», como los apoyos sociales y el combate a la corrupción.