Obama y México se unen contra Texas para evitar una ejecución

La razón de estas presiones está en la certeza de que el preso mexicano no dispuso de un juicio justo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó en 2004 que se había violado su derecho a contar con asistencia consular. Las autoridades americanas no informaron a Leal, tras su arresto, de que tenía derecho a la asistencia legal del Gobierno mexicano, un derecho recogido en el artículo 36 de la Convención de Viena. La asistencia consular hubiese mejorado sus posibilidades de defensa en el juicio.

Con la intención de cumplir con la legalidad internacional, el Congreso de Estados Unidos está tramitando una ley para admitir la revisión de los procesos en que se cometieron estas irregularidades. El abogado general de Texas entiende que la ley no ha sido aprobada y no es aplicable al caso de Leal.

El estado de Texas se ha negado a suspender las ejecuciones de extranjeros en entredicho, alegando que ningún tribunal internacional puede suplantar las leyes estatales y estadounidenses, y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión de casos estatales. En el año 2008, Jose Medellin alegó la misma irregularidad en un proceso similar. El presidente George Bush admitió que el proceso debía ser revisado. El estado de Texas hizo oídos sordos y el preso fue ejecutado.

La ejecución de Leal, prevista para mañana, sería la séptima del año en Texas.