Unos 500 manifestantes siguen cercados por la Policía en la Universidad Politécnica de Hong Kong

Armados con arcos, catapultas caseras y cócteles molotov, los radicales se enfrentaron durante todo el día a la Policía, que los bombardeó con gases lacrimógenos y hasta granadas aturdidoras de sonido. Los choques fueron tan violentos que un policía resultó herido con una flecha en la pierna y una tanqueta blindada quemada cuando intentaba penetrar en una barricada.

Debido a la dureza de los enfrentamientos, la Policía ha advertido de que puede disparar con fuego real a los manifestantes, en su mayoría jóvenes y adolescentes, si siguen atacando. Una amenaza que despierta el temor a un nuevo baño de sangre como el de la plaza de Tiananmen. Pero el mundo y China son muy distintos a los de aquel trágico 1989 y sería un desastre político para el autoritario régimen de Pekín.

Tras detener a docenas de manifestantes, que se enfrentan a diez años de cárcel por el delito de «revuelta» , la Policía ha cercado la Politécnica y su presidente, Teng Jin-Guang, ha conseguido negociar una tregua. En medio de una calma tensa, las autoridades han instado a los manifestantes sitiados a dejar las armas y les ha ofrecido una salida. Pero, según cuentan algunos en las redes sociales desde el interior de la universidad, muchos no aceptarán porque saben que les espera la cárcel. Al amanecer, un centenar de personas ha intentado romper el cordón policial, pero han sido repelidos con gases lacrimógenos y han tenido que regresar al interior.

Por si el Gobierno de Hong Kong no tenía ya suficientes problemas, el Tribunal Supremo ha declarado este lunes inconstitucional su «ley antimáscaras» , impuesta de emergencia el mes pasado para frenar las protestas, que duran ya más de cinco meses. Dando la razón a una demanda interpuesta por 25 diputados del bando democrático, el Alto Tribunal considera que esta norma, invocada por las ordenanzas de emergencia que datan de la época colonial, contraviene la Ley Básica («mini-Constitución» de Hong Kong) al restringir los derechos y libertades de la ciudadanía más de lo necesario, según informa el periódico «South China Morning Post».

Además de un serio varapalo para el Gobierno de la jefa ejecutiva Carrie Lam, el fallo supone un embrollo jurídico, ya que cientos de personas han sido detenidas en las últimas semanas por esta «ley antimáscaras». Con multas de 25.000 dólares de Hong Kong (2.890 euros) y penas de hasta un año de cárcel, dicha regulación prohibía cubrirse la cara hasta en las manifestaciones autorizadas por las autoridades, lo que añadió aún más leña al fuego a las protestas contra el Gobierno.

Las manifestaciones, que empezaron de forma pacífica en junio contra la ya retirada ley de extradición a China, han derivado en el peor estallido de violencia que sufre esta antigua colonia británica desde su devolución en 1997. Además de criticar el creciente autoritarismo de Pekín y reclamar pleno sufragio universal con libre presentación de candidatos, los manifestantes demandan una investigación de la fuerza policial y una amnistía para los más de 4.000 detenidos de los últimos meses. Para sofocar la revuelta, que ha mermado el turismo y hundido la economía más que la epidemia del SARS en 2003, el Gobierno central chino ha pedido más «mano dura».

A la espera de cómo acabe el sitio a la Universidad Politécnica, más grupos de manifestantes han vuelto a echarse a las calles este lunes en varios barrios de la ciudad y en el centro de la isla. Con las clases suspendidas y muchas vías cortadas por las barricadas, Hong Kong se enfrenta a una semana crucial porque este domingo están convocadas las elecciones a los consejos de distrito. Una especie de comicios municipales a los que están llamados a votar más de cuatro de los 7,5 millones de habitantes de Hong Kong, que serán un plebiscito para el Gobierno.