Turquía aprueba una ley para controlar y censurar contenido de redes sociales

La normativa obliga a las empresas de redes sociales a designar a un representante y a mantener sus servidores en Turquía. Las compañías deberán almacenar datos de los usuarios en el país euroasiático y se establece un plazo de 48 horas para eliminar contenido que las autoridades consideren «ofensivo». En el caso de no cumplir con sus obligaciones podrían enfrentarse a multas de entre 1.500 y un millón de dólares.

Los principales partidos opositores, así como varias ONG defensoras de los derechos humanos y asociaciones de periodistas se oponen a la reforma al considerarla «anticonstitucional». Advierten de que la medida puede llevar a un mayor control y censura de la ciudadanía. «Esta enmienda aumentará significativamente los poderes del Gobierno para censurar contenido en la red y procesar a los usuarios de redes sociales», señaló en un comunicado Andrew Gardner, portavoz de Amnistía Internacional en Turquía. «Es una clara violación del derecho a la libertad de expresión en la red y contraviene el derecho y las normas internacionales de derechos humanos», agregó.

Durante el debate parlamentario, miles de usuarios publicaron mensajes en Twitter bajo la etiqueta «parad la ley de censura».

El Gobierno argumenta que la ley es necesaria porque las compañías tecnológicas no han tomado medidas contra actividades como el acoso sexual, los juegos de azar ilegales, fraudes y apoyo al terrorismo. El AKP ya había advertido antes de que pretendía introducir medidas legales para mantener bajo control a los gigantes de las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube al obligarlos a eliminar contenido o asumir fuertes multas.

Entre 2014 y 2019, el Gobierno turco ha ordenado el cierre de unas 27.000 cuentas en redes sociales y cerca de 246.000 páginas web , según un estudio de la Universidad turca de Bilgi y la Asociación de Libertad de Expresión (IFOD).

En enero se pudo volver a acceder desde Turquía a la enciclopedia digital Wikipedia tras casi tres años de prohibición, después de que el Tribunal Constitucional considerara que el bloqueo atentaba contra los derechos recogidos en la Carta Magna.

Turquía ocupa el puesto 154 de un total de 180 países en el índice de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, y ha detenido a decenas de periodistas bajo acusaciones genéricas como apoyo al terrorismo, según denuncian ONG de defensa de derechos humanos.