Ruanda critica a la Corte Internacional por reducir las condenas de los responsables del genocidio de 1994

Makuza criticó en especial al juez polaco Theodor Meron , presidente de la Cámara de Apelaciones del TPIR , calificando sus acciones de «ridículas» debido a que «contradijeron la ley».

«Hay actos del TPIR que tenemos que protestar, como la liberación de personas presas por crímenes de genocidio antes de que cumplieran sus condenas. Estos presos en cuestión figuraban entre los líderes que planearon e implementaron el genocidio contra los tutsis. ¿Cómo puede un juez hacer lo que quiera ignorando totalmente la ley?», lamentó.

El presidente del Senado ruandés consideró estas cuestiones «una injusticia»: «Debemos plantarnos y denunciar porque la Justicia no depende de los deseos de una persona. Ruanda es firmante de las convenciones de la ONU y hay leyes que tipifican los castigos a culpables de delitos de lesa humanidad, incluyendo los crímenes de genocidio».

Hasta ahora, el TPIR ha condenado a 61 personas por delitos relacionados con el genocidio, que arrancó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato del presidente Juvénal Habyarimana , y se extendió durante casi cien días hasta el 4 de julio de ese mismo año.

Entre los diez liberados antes de cumplir su condena completa destaca el propietario de la RTLM , la emisora que incitó a los hutus a masacrar a más de 800.000 hutus y tutsis moderados , Ferdinand Nahimana , que cumplió dos tercios de su sentencia de 30 años de prisión antes de ser excarcelado en 2016.

Otra figura clave es el sacerdote Emmanuel Rukundo , detenido en 2001 y liberado ocho años después por decisión de Meron.

El mismo juez, denunció Makuza, decidió exonerar a muchos otros sospechosos de estar detrás del genocidio, y redujo a 35 años la cadena perpetua del coronel Theoneste Bagosora, director del gabinete en el Ministerio de Defensa durante los hechos.

La violencia en Ruanda estalló tras el asesinato de Habyarimana, que murió junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira , cuando el avión en el que viajaban fue derribado, aunque existían indicios claros de la situación que se estaba gestando desde meses antes.

La matanza que siguió -el Gobierno ruandés acusó a los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (RPF, en inglés) del asesinato- terminó con la vida de 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.