El régimen de Cuba desata una ola de represión previa a la visita de los Reyes

El recién designado presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez , mintió el pasado mes de octubre ante una representación de cubanos residentes en Irlanda cuando aseguró que, en la isla, «a nadie se le persigue por estar o no con la revolución».

La desaparición de José Daniel Ferrer , líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), así como la persecución y hostigamiento contra decenas de miembros de esta organización opositora en el país; las represiones violentas contra miembros de las Damas de Blanco; lo reiterados secuestros contra el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara -líder del Movimiento San Isidro-, la escritora Nancy Alfaya Hernández, y la periodista independiente Iliana Hernández, son ejemplos simbólicos de la actuación de la Seguridad del Estado contra la sociedad civil en la isla, y que contradicen las afirmaciones de Díaz-Canel.

Nelva Ismarays Ortega Tamayo , la esposa de José Daniel Ferrer, sería arrestada el pasado 25 de octubre junto a sus hijos, por exigir una prueba de vida e información sobre el paradero del líder opositor al cumplirse veinticuatro días de su secuestro por elementos de la policía política en Santiago de Cuba.

Las autoridades de Justicia del régimen han negado a José Daniel Ferrer el recurso de «habeas corpus», una violación a la recién reformada Constitución cubana donde su Artículo 96 establece que, «quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho, por sí o a través de tercero, a establecer ante tribunal competente procedimiento de Habeas Corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley».

El centro de información legal Cubalex publicó, a finales de octubre pasado, cifras de activistas represaliados por el régimen donde se revela que, en los últimos dos años «1.879 activistas en el país sufrieron agresiones, la mayoría mujeres». Cubalex también se refirió a que en 2019 aumentaron los índices de hostigamiento y represión contra periodistas independientes, puntualizando el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces , «condenado a un año de prisión por desacato a las autoridades, luego de ser golpeado por la policía».

La condena a un año de cárcel, también por un presunto delito de «desacato», contra el biólogo Ariel Ruiz Urquiola llevó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, a otorgar al régimen cubano seis meses de plazo para conceder una compensación adecuada al biólogo, incluida su liberación incondicional inmediata. El régimen no ha concedido respuesta alguna al respecto.

En represalia, su hermana, Omara Isabel Ruiz Urquiola , fue despedida en julio pasado como profesora auxiliar en el Instituto Superior de Diseño (ISDI) bajo justificaciones «presuntamente administrativas, que no solo omitían su trabajo y aportaciones investigativas, sino con mentiras, omisiones de mi trabajo docente e informaciones tergiversadas», según denunció ella misma.

Habaneros preguntados sobre las declaraciones de Díaz-Canel -«[…] nosotros por política y por sentimientos no excluimos a nadie […]»- coincidieron en que el gobernante cubano miente a sabiendas y en que el aumento de la represión policial en las calles «no tiene precedentes».

Las represiones y el aumento de la presencia de elementos de la Policía en las calles no solo son para coartar a opositores, sino «contra la sociedad civil en general», concordaron los habaneros en referencia al hostigamiento, en ocasiones violentos, que se cometen contra el sector privado en el país, denunciados diariamente a través de las redes sociales en la isla.

Estas represiones en aumento contra la población civil, que incluye fuerte presencia policial en colas de mercados, tiendas, paradas de autobús y gasolineras del país, van en paralelo a una grave crisis económica y financiera que el presidente de la República, Díaz-Canel, ha insistido en catalogar de «coyuntural».

Cuando el próximo 11 de noviembre Don Felipe y Doña Letizia den inicio a una visita de Estado que dará oxígeno y servirá de propaganda al régimen, probablemente no serán informados por las autoridades sobre el aumento vertiginoso de muertes bajo custodia policial; muertes de reclusos por desatención médica; muertes de menores de edad por negligencia médica, como el reciente caso de la menor Paloma Domínguez Caballero, quien falleció el pasado 9 de octubre, apenas setentaidos horas después de haber sido vacunada triple viral PRS.

Tampoco a los Reyes les será proporcionado el informe de Cuban Prisioners Defenders, publicado en octubre pasado, que incluyó a ocho nuevos condenados políticos -para llegar a la cifra, en 2019, de 127- por oposición al régimen.

«[…] en Cuba no todo el mundo es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución […]», dijo Díaz-Canel en Dublín. Habría que esperar a si Sus Majestades, al menos, serían capaces de cuestionar al mandatario cubano de ajustar sus palabras a la realidad de lo que acontece a lo largo de Cuba.