La ONU recoge nuevas denuncias de violaciones a los DD.HH. cometidas por el régimen de Maduro

«Acnudh continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación», expresa el documento, que también hace referencia a nueve casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Durante ese tiempo, los cuerpos de seguridad los mantuvieron incomunicados y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensores o familiares. «Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos», señala el texto.

Hace tres meses, la Alta Comisionada había advertido que en Venezuela se mantenía este patrón sistemático de violación a los derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones llevadas a cabo por funcionarios de seguridad del Estado. En el informe actual, Bachelet ha vuelto a atribuir las ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La oficina de la Alta Comisionada ha mencionado que se registraron 17 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de protestas y de operativos de seguridad conjuntos en zonas populares de elevada peligrosidad.

El texto recoge casos de jóvenes y niños de zonas deprimidas del país que han sido víctimas de los operativos de seguridad. Los patrones identificados fueron agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, allanamientos arbitrarios, manipulación de la escena del crimen, retiro del cuerpo de la víctima, robo de las viviendas, entre otros.

La violencia sexual aparece en el documento y Bachelet ha manifestado su preocupación por los informes sobre violaciones sexuales a mujeres detenidas en prisiones preventivas. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, casi todas las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género de acuerdo a los establecido en normativas internacionales y las detenidas a menudo son custodiadas por hombres. Uno de los casos expuestos es el de un agente policial de Barinas que presuntamente asesinó de un disparo a una mujer en custodia policial, cuando la prisionera se negó a tener actos sexuales con él.

Por esta razón, la Alta Comisionada ha pedido a la Fiscalía del régimen venezolano investigar estas denuncias: «El Acnudh pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados».

La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por nuevas restricciones normativas y administrativas, según el informe publicado este jueves y en algunos casos los miembros de estas organizaciones son sometidos a procesos penales por hacer su trabajo.

«El Acnudh registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre estos incidentes figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización. Al menos 16 personas que forman parte de la oposición fueron detenidas; la mayoría fueron puestas en libertad poco tiempo después», ha señalado el informe.

El texto continúa y destaca que miembros de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación independientes y activistas de derechos humanos han recibido comentarios despectivos, descrédito y difamación por parte de funcionarios del Estado y por personas afines al régimen chavista. «El descrédito y la difamación de los actores de la sociedad civil afectan sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la no discriminación, a la protección contra las amenazas a su vida e integridad personal, y a la presunción de inocencia en casos de criminalización».

Bachelet ha dejado en el documento varias recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro, algo que ha hecho en informes anteriores, y ha dicho que es fundamental la rendición de cuentas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De esa manera, ha pedido al Gobierno chavista que garantice el acceso a datos públicos , priorice una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, evite la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas.

También ha instado a Caracas a que facilite todas las condiciones necesarias para realizar elecciones libres, justas, pacíficas e independientes. Asimismo, ha insistido a Maduro en que se garantice el debido proceso, la implementación de una reforma de seguridad y un plan de protección para las víctimas de las violaciones a derechos humanos.