«Quieren ver cómo pinchamos teléfonos»

La sala de interceptaciones queda en el primer piso del edificio del DAS, bombardeado a finales de los noventa por el capo Pablo Escobar. Veinte mesas, una pantalla gigante por mesa, audífonos. «Aquí no se pincha, se vigila», dice el jefe de la sección. Según explica, para intervenir números telefónicos se necesita ser policía judicial, haber pasado por el detector de mentiras y haber recibido una orden de un fiscal. «¿Y a quién está oyendo ahí?», pregunto al azar a un muchacho que más se parece a un estudiante de Música. «Monitoreo una línea celular de un objetivo de una investigación de la Policía Judicial», responde.

Todos aquí dicen que nada se hace sin órdenes de las entidades judiciales. Por eso, Muñoz asegura que todo este escándalo debería servir para cuestionar los sistemas de supervisión en Colombia. Según se dice de varias empresas privadas, compran equipos que cuestan entre 300.000 y un millón de dólares, y hacen espionaje y venden la información.

Legal o ilegalmente, gracias a las interceptaciones en Colombia se supo cómo el Estado estaba vigilando a la oposición, a los periodistas, a los analistas. Para uno de los principales opositores, el senador Gustavo Petro, «estamos ante la presencia de un gobierno policiaco que ha destruido los espacios de la democracia, que no respeta los valores y los principios de la democracia, de nuestra Constitución. Ha usado la policía para destruir a la oposición y no al crimen. Es indudable que la orden proviene del presidente».