La milicias urbanas imponen su ley en Kenia

Ahora, tres años después, la historia se repite. En el último mes, al menos 116 personas han perdido la vida en los enfrentamientos tribales en el delta del río Tana, al este de Kenia.

Pese a que el origen del sangriento conflicto dista en demasía de las demandas mafiosas de los mungiki (la última masacre se nutre de las disputas entre la tribu pokomo y la etnia orma por el acceso a la tierra y acuíferos); estos son los enfrentamientos más graves desde la ola de violencia post-electoral que golpeó Kenia a finales de 2007. Y, sobre todo, reabren los temores ante el exceso de poder de estas asociaciones urbanas.

No en vano, como destaca el superintendente de la Policía local Dominic Kisavi, en los últimos años y alimentados por el descontento social, decenas de grupos civiles como los Bagdad Boys, Kamjesh, Jesh la Mzee, MRC o Sungusungu han convertido a la ley del Talión en su única fuente de derecho . Unas milicias de vigilantes urbanos, que surgen como alternativa a las fuerzas del orden, pero cuya virulencia no desmerece en nada a la de sus rivales.

En este sentido especialmente sangrante es el caso de Kenia. En 2009, Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu, dos prominentes activistas locales, fueron asesinados a tiros en la capital del país, Nairobi, mientras se dirigían a una reunión con miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.

Solo dos años antes, su fundación había publicado un informe titulado “Licencia para matar: ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial en Kenia”, en el que documentaban 8.040 casos de tortura y asesinatos cometidos por oficiales de la Policía en el marco de una supuesta operación contra los mungiki. 

Y la situación tampoco ha cambiado demasiado. Según la organización Release Political Prisoners, en los seis primeros meses del año, cerca de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a la Policía se han producido en todo el país.

“Los asesinatos son en su mayoría de jóvenes residentes en Nairobi, el valle del Rift y las provincias Orientales. Es imposible que las fuerzas del orden se investiguen a sí mismas en estos casos. Necesitamos un órgano independiente para que se haga justicia”, reconoce el portavoz de la organización, Shalmat Naumi.

Ya el pasado año, el Barómetro Global de la Corrupción -una encuesta realizada entre más de 91.000 personas en 86 países- denunciaba que el 92% de los kenianos consideraba a la Policía una organización “corrupta”.

Y así no falta trabajo a los vigilantes.