Putin contra la democracia

La parte más polémica del paquete de enmiendas se refiere a la obligación que tendrán a partir de ahora los operadores de telefonía e internet de almacenar durante un mínimo de seis meses todo el tráfico generado por los usuarios a fin de facilitárselo a los servicios de seguridad rusos si lo solicitan.

El contenido al que hace referencia la norma recién actualizada incluye las conversaciones telefónicas privadas, mensajes de texto, fotografías, grabaciones de audio y vídeo, todas las entradas en cualquier red social, el listado de las páginas web visitadas, la identificación de los usuarios y las claves para decodificar protocolos. Toda esta información deberá ser facilitada por los servidores de internet, mensajería, redes sociales y hasta las tiendas de venta en línea.

Las organizaciones pro derechos Humanos rusas denuncian que Putin se propone crear un sistema total de espionaje, vigilancia y seguimiento, un «gran hermano» sin precedentes con el pretexto de prevenir los atentados terroristas. Se da la paradoja de que el antiguo consultor de la Agencia de Seguridad estadounidense (NSA), Edward Snowden , que acusó a Estados Unidos de crear un sistema de «vigilancia masiva», continúa refugiado en Rusia y bajo la protección de sus dirigentes.

Las nuevas modificaciones introducidas, que han sido elaboradas por la diputada oficialista Irina Yarovaya y el senador Víctor Ózerov, están también dirigidas contra el «extremismo», término que con frecuencia se aplica a la oposición extraparlamentaria rusa.

Antes de llegar a manos de Putin, la iniciativa recibió el visto bueno de la Duma (Cámara Baja) y del Consejo de la Federación (Senado). Según comentarios de algunos legisladores, todo está pensado para blindar de posibles atentados el Mundial de Fútbol de 2018 , que se celebrará en once ciudades rusas. De ahí que esté previsto que las enmiendas entren en vigor ese año.

No sólo la oposición y el Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia rusa han puesto el grito en el cielo, sino también las compañías de telefonía móvil, que solicitaron al Kremlin sin ningún éxito vetar la ley. Las operadoras advierten de que la adquisición de equipo y contratación del personal necesario para cumplir la normativa tendrá un coste de más de un billón de rublos (más de 14.000 millones de euros).

Ello, aseguran, llevará irremisiblemente a que las tarifas se tripliquen. El ministro de Comunicaciones, Nikolái Nikíforov, no descarta que los precios de los servicios telefónicos se multipliquen por cuatro. El servicio postal también deberá adaptarse y prevé gastos importantes para un control más exhaustivo de la paquetería. Las multas por incumplimiento pueden llegar a alcanzar el millón de rublos (más de 14.000 euros).

Además, la ley en su actual redacción tipifica como delito, con penas de entre cinco y diez años de cárcel, los llamamientos a participar en disturbios, también «predicar fuera de locales habilitados para ello», fórmula que ha provocado protestas por parte de la comunidad musulmana.

En general, el llamado «paquete Yarovaya-Ózerov» endurece las penas por cualquier delito de terrorismo y extremismo y rebaja hasta los 14 años la edad en la que se podrá exigir responsabilidad penal por ellos. También por tomar parte en manifestaciones no autorizadas. Se ha puesto en marcha una recogida de firmas para que la ley sea derogada. Si se recogen más de 100.000, la petición deberá ser admitida a trámite por parte de las autoridades, pero parece