La Ley de Seguridad que quiere imponer China reactiva la revuelta de Hong Kong

Ni la amenaza del coronavirus, ya controlado en la ciudad, ni la prohibición de manifestarse impidieron que miles de personas se congregasen en el distrito comercial de Causeway Bay, escenario habitual de las protestas del año pasado reclamando democracia . Al igual que entonces, la tensión fue en aumento entre los manifestantes, que se cubrían el rostro con máscaras y entonaban cánticos contra el régimen chino portando banderas y carteles, y los antidisturbios, que habían montado un fuerte dispositivo para evitar concentraciones y desplegado hasta su cañón de agua.

Para dispersar a la multitud, los agentes dispararon gases lacrimógenos y cargaron contra las barricadas montadas en las calles que conducen al vecino distrito de Wan Chai, según mostró la radiotelevisión pública RTHK. Para despejar los obstáculos del camino, se ayudaron del cañón de agua, cuyo chorro acabó propulsando a varias personas y también a algunos periodistas. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes ataviados de negro, se enfrentaron a la Policía lanzando ladrillos y otros objetos. Al grito de «¡Levántate por la libertad, la revolución de nuestros tiempos!» y «¡La independencia es la única salida para Hong Kong!», quemaron neumáticos y basura en las calles y destrozaron los escaparates de algunas tiendas.

Al anochecer, el Gobierno local informó en un comunicado de que la Policía había arrestado a al menos 180 personas , entre quienes había 40 que habían montado barricadas y también políticos y consejeros de distrito de la oposición demócrata. Se suman así a los más de 8.300 detenidos desde el estallido en junio de las manifestaciones contra la ya retirada ley de extradición a China, que empezaron de forma pacífica y derivaron en una violenta revuelta por la democracia que sacudía cada semana a Hong Kong hasta la llegada del coronavirus.

Según el periódico South China Morning Post, los hospitales atendieron a una decena de heridos por las peleas callejeras. Por las redes sociales circulan imágenes de pandillas de jóvenes de negro, el uniforme de los manifestantes, pegando salvajemente a quienes trataban de retirar las barricadas, entre ellos un abogado de 40 años. Aunque no por una reyerta, sino por un ataque de pánico, en estado crítico se encuentra una limpiadora de 51 años que sufría del corazón y se desmayó cuando un grupo de personas entró a la carrera en el baño donde estaba trabajando.

Con el control de la epidemia del coronavirus y el anuncio de la Ley de Seguridad Nacional, que será promulgada entre junio y agosto, vuelve la agitación social y se espera otro «verano caliente» . Además de criticar que dicha normativa sea impuesta directamente desde Pekín en el Anexo III de la Ley Básica, mini-Constitución de Hong Kong, la oposición demócrata teme perder las mayores libertades políticas de las que goza la excolonia británica. Y es que la ley prevé la creación de oficinas de la seguridad pública china para perseguir delitos como la subversión, el separatismo y el terrorismo, acusaciones que el autoritario régimen de Pekín usa habitualmente para condenar a los disidentes en el continente sin las garantías legales que priman en Occidente.

Aunque las autoridades chinas y la jefa ejecutiva del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, insisten en que se respetarán los derechos políticos y económicos, la ciudad más libre de Asia teme un aumento de la represión . En el objetivo están la oposición demócrata y los activistas críticos con el régimen del Partido Comunista, que ahora tienen libertad de expresión y reunión para organizar movilizaciones multitudinarias como la vigilia anual recordando la matanza de Tiananmen.

Tras su devolución por parte del Reino Unido en 1997, China se había comprometido a respetar dichas libertades bajo el principio de «un país, dos sistemas», vigente en teoría durante 50 años. Alertando de que la nueva Ley de Seguridad Nacional supondrá el fin de dicho modelo, 186 diputados y diplomáticos de 23 países han firmado una declaración denunciando la «flagrante violación» de la Declaración Conjunta Sino-Británica que selló en 1984 el retorno de Hong Kong. «Si la comunidad internacional no puede confiar en que Pekín cumpla su palabra sobre Hong Kong, la gente tendrá recelos para aceptarla en otros asuntos», advirtió el comunicado, redactado por el último gobernador de la colonia, Christopher Patten, y el secretario de Exteriores británico, Malcom Rifkind. Entre los firmantes destacan 44 diputados británicos, ocho miembros de la Cámara de los Lores y senadores estadounidenses muy críticos con China, como Marco Rubio y Ted Cruz. Los planes de Pekín han sido denunciados también por la Unión Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos, que amenaza con revisar el estatus económico especial que otorga a Hong Kong como castigo al régimen.

En un encuentro con los diputados de esta ciudad y de la vecina Macao, el viceprimer ministro Han Zheng les aseguró que «la intención del Gobierno es firme y la ley será implementada hasta el final». Tal y como informa la televisión estatal CCTV, también les dijo que solo se dirigiría contra un número pequeño de personas: los activistas que buscan la independencia, los radicales violentos y los manifestantes que pretenden hundir la economía local con su canto de guerra «Si ardemos, vosotros os quemáis con nosotros», sacado de «Los juegos del hambre».

Por su parte, el Gobierno local respondió anoche en un comunicado a las críticas internacionales defendiendo la necesidad de la ley por la violencia de las protestas, prometiendo además libertad e independencia judicial. Pero, al ser China un régimen autoritario, pocos se lo creen.