«La Policía Revolucionaria cubana me inventó un proceso», denuncia el colaborador de ABC

En Cuba, uno de los países que menos respeta la libertad de prensa en el mundo, ocupa el puesto 171 en una lista de 180 países en el último informe de Reporteros sin Fronteras , retratar la realidad tiene serias consecuencias:censura, detención, multas o prisión.

«La Policía Nacional Revolucionaria me inventó un proceso», afirmó el viernes Jorge Enrique Rodríguez, en un vídeo tras su liberación. Algo que «se extiende a la sociedad civil: activistas, opositores...», agregó. El periodista fue acusado de «desobediencia» y tenía que acudir a juicio el 8 de julio. El delito: grabar un altercado de la Policía con dos muchachos y recriminar a los agentes el excesivo uso de la fuerza. «A la Policía se le fue de las manos la detención por su brutalidad, por la manera en que proceden con las personas. Cogieron a uno de los muchachos, lo esposaron, lo tiraron contra el suelo y el muchacho se desmayó», explicó al «Diario de Cuba», medio en el que trabaja también.

La grabación (que ha desaparecido, pues le quitaron el móvil) era una prueba más de la represión de los agentes contra los ciudadanos. Esta acción se producía días después de la muerte de Hansel Hernández. «Ellos (la policía política) están muy preocupados porque saben el malestar que hay con el abuso policial y el tema racial, y porque la campaña a mi favor reflejaba que yo soy negro y periodista independiente. Ellos están con eso aterrorizados», aseguró Rodríguez.

Tanto la detención del periodista como la represión de la protesta pidiendo justicia por Hernández han recibido estos días un eco extraordinario dentro y fuera de la isla por parte de medios de comunicación y organismos de defensa de la libertad de prensa, que han pedido la liberación del periodista. Esta campaña, para Rodríguez, que se ha mostrado muy agradecido, es la razón «de que yo esté ahora en libertad».

Si bien Rodríguez fue liberado el viernes, ayer sábado tuvo que personarse de nuevo ante la policía para pagar una multa por el delito de «desacato», cuyo importe ascendió a 800 pesos.

Mientras Rodríguez podrá volver a retomar su actividad informativa, otro periodista continúa en prisión a pesar de la presión internacional: Roberto Quiñones . Su nombre forma parte de la lista de One Free Press Coalition, que incluye los diez casos más urgentes de injusticia contra periodistas en el mundo. El 22 de abril de 2019, Quiñones fue detenido cuando cubría un juicio contra el matrimonio de pastores evangélicos, procesados por educar a sus hijos en casa. Cinco días después fue liberado, con la obligación de pagar una multa por el cargo de «desobediencia» y «resistencia» . Su negativa a hacerlo, por considerar que era falsa la acusación, le llevó a ser condenado a un año de prisión. El periodista independiente, de 61 años, ingresó en la cárcel de Guantánamo el 11 de septiembre del año pasado.

El delicado estado de salud del poeta y periodista ha hecho que se intensifiquen las campañas pidiendo su liberación. El último en reclamarla ha sido PEN Internacional el pasado mes de junio:«Roberto Quiñones Haces es víctima de la censura en Cuba y su detención viola su derecho a la libertad de expresión. Estamos preocupados por su salud, y pedimos que sea puesto en libertad inmediatamente», dijo Carles Torner , director ejecutivo de la asociación mundial de escritores.

A pesar de las denuncias y críticas que recibe el Gobierno cubano por la represión de la libertad de expresión, este no ceja en crear nuevas formas para reprimir la libertad de expresión . Es el caso de la promulgación el año pasado del Decreto Ley 370 , conocido popularmente como «Ley azote», que comenzó a ser empleada de manera sistemática a principios de este año, y con más intensidad con la llegada del Covid-19 a la isla.

Controlado el ámbito de los medios, el régimen quiere vigilar, y sancionar, todo aquellas críticas colgadas en las redes sociales. Con esta ley quiere «consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) , como instrumento para la defensa de la Revolución». Yestablece como delito «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, la información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». El castigo por vulnerar esto (colgar un vídeo o una imagen de gente haciendo cola en plena pandemia, es suficiente) es una multa de 3.000 pesos . Una cantidad que representa entre 2,4 y 7,5 el salario cubano. Si no se paga, puede ser condenado a una pena de cárcel de entre uno y 6 meses.

Varias ONG han denunciado la «Ley azote» por inconstitucionalidad, en el caso de Observatorio Cubano de DD.HH. , mientras que Prisoners Defenders, que ha documentado al menos 33 casos de personas –artistas, activistas, periodistas– afectadas por esta ley, la ha denunciado ante la ONU.