La «Ley Azote», otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia

Durante los últimos dos meses, al menos una veintena de periodistas independientes han sido blanco de amenazas, hostigamiento, multas, actos represivos, e interrogatorios por parte de la policía política en medio del aislamiento social decretado tras el avance del Covid-19, hechos repudiados por varias organizaciones mundiales.

Los casos de periodistas independientes como Mónica Baró; Camila Acosta; Niober García Fournier; Yoe Suárez; Waldo Fernández Cuenca, y Julio Antonio Aleaga han sido emblemáticos por el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado no únicamente contra sus personas, sino que también se ha hecho extensivo contra los familiares de estos informadores.

Privación de la custodia de hijos, deportación de uno de los cónyuges a provincias de orígenes, interrogatorios a familiares, y aperturas de procesos penales por delitos como Propagación de epidemias y Difusión de falsas noticias -ambos prevén penas de cárcel-, son varias de las amenazas que denunciaron estos reporteros independientes.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba en la llamada «zona negra» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, juntos a regímenes como China; Corea del Norte; Eritrea; Guinea Ecuatorial y Egipto. Para RSF el régimen de la Isla «se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa».

Dos reportajes publicados en el diario estatal Granma -órgano oficial del Partido Comunista- respondieron que RSF era «incondicional a Washington».

«Se nos podría señalar de muchas cosas, pero nunca se podrá cuestionar nuestro ejercicio de defensa de la verdad, el culto a la libertad y a la dignidad plena del hombre declarado en nuestra Constitución, esencias que definen el ejercicio de nuestro periodismo, libre y soberano como la tierra que defendemos», apuntó uno de los reportajes, firmado por el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, alias Daniel.

Una retórica que contradice la realidad que revelan los periodistas y medios independientes, y las denuncias de la sociedad civil en las redes sociales. Al asegurar Capote que RSF no podría «mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado» olvida, a sabiendas, el simple ejemplo de Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado desde 2019 en la provincia Guantánamo, por dar cobertura al juicio celebrado contra el matrimonio Rigal-Expósito, también encarcelados por la decisión de educar a sus hijos en casa.

En un país donde el salario promedio no supera los 50 euros mensuales, Mónica Baró, Camila Acosta, Niober García Fournier y Julio Antonio Aleaga les impusieron multas de unos 120 euros, en virtud del Decreto-Ley 370, que entre sus objetivos contempla «consolidar el uso y desarrollo de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones, como instrumento para la defensa de la Revolución».

«La informatización de la sociedad en Cuba desempeña un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y constituye un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población […] siendo necesario emitir la norma jurídica que regule la informatización de la sociedad en Cuba», justifica el del Decreto-Ley 370.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó que el régimen de La Habana ha usado la crisis sanitaria por el Covid-19 para recrudecer la represión contra los periodistas independientes.

«El régimen de Castro debería enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. En vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como una excusa para acosar a periodistas que simplemente reportan los hechos», comentó Kozak a mediados de abril.

No se debe olvidar que en mayo de 2019 el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con reactivar la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, contentiva de apartados destinados a reprimir el periodismo independiente en la Isla y a toda acción que, «en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social».

Bajo la Ley Mordaza fueron penados a largas condenas de cárcel, en la primavera de 2003, setentaicinco disidentes. De los juzgados en este proceso, conocido como la Primavera Negra, veintisiete eran periodistas independientes.

Documentos filtrados de los ejercicios militares Bastión 2016, ejecutados por las Fuerzas Armadas, revelaron que, los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el régimen en la Isla.