Piñera salva el juicio político que buscaba su cese por las presuntas violaciones de DD.HH.

Para ello se valió del oficialismo y de algunos diputados opositores del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que con 79 votos a favor -frente a 73- acogieron la llamada «cuestión previa» de la acusación, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos de la Constitución, tal como argumentó la defensa del presidente.

De esta manera se puso fin a la causa sin que llegase a debatirse en su fondo, y se entiende como no interpuesta.

El procedimiento por el que se juzgaba la responsabilidad política de Piñera se denomina «acusación constitucional» y faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad, que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

La acusación constitucional contra el mandatario fue presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, y este miércoles una comisión de cinco diputados elegida al azar, que resultó de mayoría opositora, aprobó por tres votos frente a dos su admisibilidad para que esta llegara al Pleno en esta jornada.

Para que el proceso prosperase se requería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es culpable de aquello que se le imputa.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados chilena se sitúa en los 78 votos, y si bien la oposición cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, varios diputados opositores ya se había mostrado con anterioridad contrarios a la acusación contra el presidente, como acabó sucediendo.

Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo.

El debate, que duró seis horas, comenzó con la exposición de la defensa del presidente, ejercida por el abogado Juan Domingo Acosta.

Acosta refutó la procedencia formal de la acusación y la correspondencia del caso con los requerimientos constitucionales, alegando que no se asignan a Piñera "actos de su administración", sino omisiones por "posibles" actos de terceros relacionados con violaciones de los derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales, y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren.

«Se vulnera el debido proceso al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta», agregó Acosta en su exposición.