La oposición y la calle impiden a Macri meter tijera a las pensiones

Antes y durante la sesión frustrada, se registraron incidentes dentro del Congreso y en la calle. Miles de personas rodearon el perímetro del edificio y hasta amagaron con tomarlo al asalto . El formidable dispositivo de seguridad (más de 1.500 efectivos) impidió que la multitud protagonizara escenas similares a las dramáticas del 2001, donde la turba campó a sus anchas por el Palacio Legislativo antes de la caída del ex presidente Fernando De la Rúa . Pero encontrar un parecido de éste con Macri es una aventura ridícula, además de imposible.

En el interior del hemiciclo gritos, empujones e insultos se sucedieron. En un clima de máxima tensión y protestas, la diputada oficialista Elisa Carrió optó por suscribir la suspensión de la sesión, "porque no vamos a responder su violencia con violencia. La aprobaremos más adelante", se resignó. Victoria Donda , del bloque Libres del Sur, llegó con muletas. La víspera tuvo su choque particular con las fuerzas de seguridad y terminó lesionada. Ella y el resto de la oposición se habían desgañitado pidiendo que no hubiera sesión. En rigor, el quorum habría llegado transcurridos los quince minutos permitidos sin que nadie pidiera una prórroga. Es decir, al oficialismo le faltaron reflejos.

Minutos antes, en el exterior, diputados de la oposición, kirchneristas y de extrema izquierda había tenido enfrentamientos con el cordón de seguridad . Botellazos, lluvia de piedras y hasta escupitajos, como en el caso de los recibidos por Emilio Monzó , presidente del Congreso, tuvieron como consecuencia, botes de humo, balas de goma y la intervención de camiones cisterna. Máximo Kirchner se esforzó para frenar a los suyos. Entre estos, se encontraban el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex secretario general de la Presidencial, Eduardo "wado" de Pedro.

El proyecto de "Reforma previsional", aplazado en el Congreso hasta nuevo aviso, (el Senado le dio luz verde) consiste en un nuevo mecanismo de actualización selectiva de determinadas pensiones, jubilaciones y subvenciones sociales que, a corto plazo, supone un recorte. A largo, en teoría, no mermaría sensiblemente el poder adquisitivo de los jubilados y demás afectados, 17 millones en total . El ajuste estaría vinculado a la inflación. Los aumentos serían de cinco puntos por encima de ésta (hoy en torno al 23 por ciento). Hasta ahora, ese aumento era de 8 a 9 puntos por encima de la inflación y se revisaba semestralmente mientras que con el proyecto del Gobierno se haría cada tres meses.

El Estado espera ahorrar en el 2018 unos cien mil millones de pesos (el peso cotiza a algo más del 20 euros). Algunos constitucionalistas consideran que el proyecto es contrario la Carta Magna.