La oposición nicaragüense exige la liberación de los presos políticos para continuar el diálogo

Gobierno y oposición justo cerraron el pasado jueves un acuerdo que establece la hoja de ruta que seguirán durante el próximo diálogo nacional, pacto en el que tentativamente marcaron el fin de las negociaciones para el próximo 28 de marzo. En dichas conversaciones, a pesar de la retirada de la Conferencia Episcopal, sí que participa la Iglesia a través del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien ejerce como testigo internacional y representante del Papa Francisco.

Las negociaciones, no obstante, se encuentran estancadas después de que la Alianza Cívica —formada por estudiantes, empresarios y organizaciones sociales— comunicara el domingo que no se sentará a la mesa mientras que el gobierno del presidente Daniel Ortega no libere a los «presos políticos» y, además, cese inmediatamente la represión ejercida contra la oposición. «Reiteramos el llamado al gobierno a mostrar la voluntad política necesaria para crear un ambiente de paz propicio en el país», dijo la organización en un comunicado. Ortega ha liberado 112 individuos -dándoles casa por cárcel- desde que comenzaron en febrero las negociaciones para establecer la hoja de ruta del diálogo.

Se estima que en Nicaragua hay casi 800 personas detenidas por participar en las manifestaciones contrarias al gobierno, de acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humano s, una ONG local que fue fundada durante la dictadura de la Familia Somoza (1936-1979). Naciones Unidas, no obstante, calcula que la cifra de arrestados es de unas 400 personas desde el 18 de abril de 2018, fecha en la que dieron comienzo las protestas contra Ortega debido a una impopular reforma del sistema de Seguridad Social. Desde entonces, han muerto más de 325 personas a causa de la represión orteguista, según la Organización de Estados Americanos (OEA) .

El gobierno de Ortega, por su parte, expresó en un comunicado su «compromiso» para avanzar en este segundo intento de negociaciones que realiza el país. Por ello, invitó formalmente a la OEA para actuar como testigo y acompañante del proceso ante la marcha de la CEN. Precisamente, la OEA inició hace dos meses el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Ortega, lo que podría provocar la suspensión del país como estado miembro de la institución.

Sin embargo, Ortega ha solicitado a la comunidad internacional que se suspendan las sanciones contra Nicaragua días después de que la institución financiera local Bancorp fuera objeto de las sanciones de Estados Unidos por sus conexiones con Pdvsa, la petrolera venezolana. Para esquivar cualquier penalidad por parte de Estados Unidos, el estado nicaragüense aprobó la compra de Bancorp al adquirir todas las acciones de Pdvsa y, así, evitar todo impacto a sus deterioradas finanzas públicas. Según datos de octubre de 2018, el gobierno había calculado unas pérdidas de 1.180 millones de dólares como resultado de las protestas.

A la espera de que se reanuden las negociaciones, el futuro de estas parece incierto pues las partes siguen muy divididas en lo fundamental: el futuro de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. En anteriores ocasiones, la oposición ha exigido adelantar las elecciones de 2021 y que Ortega se abstenga de participar en los futuros comicios, dos puntos sobre los que el gobierno de Nicaragua no parece tener ninguna intención de aceptar. En cambio, Ortega si se ha mostrado favorable a fortalecer las instituciones democráticas o proceder a la liberación de los presos vinculados a las protestas.