El movimiento gay en California comienza una guerra en los tribunales

Los resultados del referéndum sobre el matrimonio gay han llamado la atención sobre todo en California, donde se encuentra la ciudad de San Francisco, meca de la homosexualidad norteamericana. La California cool, tecnológica y hollywoodense gastó cerca de 40 millones de dólares en hacer campaña contra «la Octava», la proposición que buscaba enmendar la Constitución del Estado para definir el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.

Pero otros tantos millones gastaron los que hacían campaña a favor de la propuesta, que se concentraban más bien en la California interior de los desiertos y los ranchos y, curiosamente, en los votantes de raza negra que fueron a votar hasta un 10 por ciento más que en 2004, debido al factor Obama. Dos de cada tres afroamericanos votaron contra el matrimonio gay, ante el que el mismo Obama ha manifestado oposición. Resultado: la propuesta se aprobó con un 52 por ciento de los votos y un 48 por ciento en contra.

San Francisco

La polémica, por no decir el follón, está servida. Más cuando ambas partes arrastran un largo e intenso historial de activismo político y judicial. Aquí nadie se limita a defender una postura sino que lucha por aplicarla como sea. Fue el alcalde de San Francisco, el demócrata Gavin Newsom, quien nada más llegar al cargo en 2004 dio orden al municipio de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una jubilosa oleada de parejas de gays y lesbianas pasaron por la alcaldía, mientras 11 Estados tomaban nota y se blindaban frente a iniciativas parecidas introduciendo en sus constituciones enmiendas como la que se acaba de aprobar en California.

El eje de la disputa es qué derecho fundamental es primero, si el de los homosexuales a no verse discriminados o el de aquellos que quieren seguir educando a sus hijos en el principio de que, aunque gays y lesbianas puedan celebrar reuniones civiles y desarrollar ciertos derechos, el matrimonio es otra cosa. En nombre de este último principio el Tribunal Supremo de California declaró ilegales las 4.000 primeras bodas gay celebradas por orden del alcalde Newsom. Cuatro años después, es decir, en mayo pasado, el mismo tribunal consideró inconstitucional esta prohibición y la levantó.

Ahí fue Troya. Mientras los contrayentes homosexuales volvían a la carga y elevaban en pocos meses a casi 9.000 sus enlaces en California, con estrellas como Ellen Degeneres casándose con su novia, las dos orgullosamente de blanco, los anti-contrayentes redactaban su propuesta de referéndum constitucional y la soldaban a la votación presidencial. Y ganaron.

Los hay optimistas que se alegran de haber recuperado terreno, alegando que hace 4 años la proporción contra el matrimonio gay era del 60 contra el 40 por ciento. ¿Estamos entonces ante una secuencia de interminable prueba y error, hasta que salga bien? Por de pronto hay que resolver, o por lo menos aclarar, el limbo legal en que quedan las uniones ya celebradas. Se espera un alud de procedimientos judiciales.

Nadie sabe qué va a pasar, pero una posible pista es lo ocurrido en Rhode Island, donde en 2006 solicitó el divorcio una pareja de lesbianas legalmente casadas en Massachussets, que ahora mismo es, junto con Connecticut, el único Estado que reconoce las bodas gay. La petición de divorcio en otro Estado obedecía al deseo de suscitar una paradoja que obligara al tribunal a definirse.

Y se definió, vaya si se definió. En 2007 falló en contra de las demandantes, invocando una ley de 1961 en virtud de la cual un matrimonio en Rhode Island sólo lo pueden formar un hombre y una mujer. Es importante tener en cuenta que sin este sustrato legal el peligro de una querella por discriminación -algo terrible en Estados Unidos- podría dar a los defensores del matrimonio gay una ventaja determinante. Pero la Constitución siempre es primero. De ahí la importancia de los referendos celebrados el martes.

Todo apunta pues a que los «esposos» gay en California quedan de momento relegados a una especie de curiosidad legislativa; su vínculo a lo mejor no se extingue pero puede ser ignorado a todos los efectos, excepto al de la nostalgia. Al menos hasta el próximo referéndum.