Moncloa media para frenar las demandas contra los hoteles españoles en Cuba

Estos abogados preparan estos días una notificación legal que prevén hacer llegar de forma inminente a las empresas españolas Meliá, Iberostar, Blau y H10. Por decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, la totalidad de las leyes del embargo a Cuba entrará en vigor el jueves 2 de mayo. Todos sus predecesores desde Bill Clinton habían suspendido los títulos III y IV que, respectivamente, permiten denunciar a las empresas extranjeras y suspender los visados de sus administradores.

Según los dos títulos de esa ley, conocida como Helms-Burton, que el jueves entran en vigor, los representantes legales de los denunciantes deben advertir a los demandados por carta de que van a tomar acciones legales en su contra al menos 30 días antes de acudir a los tribunales. Si las empresas demandadas no aceptan una conciliación y el juez acaba fallando en su contra, el importe final de la multa recibida puede alcanzar el triple del valor tasado por la ley norteamericana.

Las familias de exilio cubano a las que el régimen desposeyó de alguna de las 200 propiedades o empresas incluidas en un inventario del gobierno de EE.UU. actualizado el 24 de abril preparan estos días sus notificaciones y demandas. Como avanzó ABC, los Sánchez Hill han identificado cuatro hoteles de Meliá y Blau, empresa hotelera del Grupo Roxa.

Otra familia, los descendientes del terrateniente Eugenio Cantero, de Varadero, prevén iniciar también acciones legales contra las empresas españolas. Sus más de 50 descendientes, unidos en la sociedad instrumental Hicacos Holdings LLC , reclaman la propiedad legítima de un terreno en la península de Hicacos, la zona más septentrional de la isla. Allí explotaba la familia unas salinas que fueron expropiadas por el régimen de los Castro en 1960.

Hoy operan hoteles en esa península Meliá (Marina Varadero, Marina Varadero Apartamentos, Península Varadero, Paradisus Princesa del Mar y Paradisus Varadero), Iberostar (Laguna Azul y Playa Alameda) y H10 (Ocean Varadero El Patriarca).

Los descendientes de Eugenio Cantero residen en la actualidad en varios puntos de la geografía estadounidense, con los apellidos Cantero, Biurrun y Perkins. Uno de los miembros más destacados de la familia es el jurista Raoul G. Cantero, nacido en Madrid y que llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo de Florida entre 2002 y 2008, el primer latino en ocupar un asiento en esa bancada judicial.

Según el asesor de las familias Cantero y Sánchez Hill, Nicolás J. Gutiérrez, ambas están dispuestas a aceptar la mediación ofrecida por las autoridades españolas si las empresas quieren evitar tener que acudir a los juzgados. «Lo único que queremos es que se haga justicia, que se reconozca el tráfico con las propiedades de estas familias cubanas, que las familias reciban la indemnización que les corresponde legítimamente y a largo plazo que aumente el costo de invertir en Cuba para que cambie la situación política allí», dice a ABC.

Preguntado ayer por este diario, un portavoz de la Embajada en Washington dijo que no tenía ningún comentario sobre el tema. Tanto el ministro de Exteriores, Josep Borrell , como la de Economía, Nadia Calviño, expresaron a sus homólogos norteamericanos su oposición a que permita que se inicien estos procedimientos contra empresas españolas en sendas visitas a Washington este mismo mes de abril.

Sólo Meliá ha llegado a sentarse en una mesa de negociación, hace dos décadas. La ley Helms-Burton se aprobó en 1995 y entró en vigor el año posterior. La empresa hotelera aceptó pactar con la familia Sánchez Hill y, a lo largo de cuatro reuniones en Miami y Washington mantenidas entre 2000 y 2002, llegó a ofrecer cinco millones de dólares (4,5 millones de euros), según Gutiérrez. Al ver que Clinton aplazaba «sine die» la entrada en vigor de la totalidad de la ley, la compañía española rebajó la indemnización hasta los 3.275 dólares.

De forma oficial, el Departamento de Justicia norteamericano tiene identificadas 5.913 demandas de ciudadanos estadounidenses y sus descendientes cuyas propiedades fueron expropiadas por el régimen cubano, todas ellas por un valor de 1.902 millones de dólares. Ese registro sirve de guía oficial para las demandas que estas familias están preparando con sus asesores legales. De momento, las empresas afectadas han defendido que al no ser propietarias de esos bienes inmuebles, sino meras arrendatarias, deben quedar fuera de cualquier demanda en los juzgados norteamericanos.