Maduro endurece la represión: el régimen asesinó a 50 opositores y encarceló a más de 2.200 en 2019

«Se confirmó el asesinato de al menos 50 personas dentro del contexto de la represión de las movilizaciones de calle, convocadas desde la oposición venezolana, particularmente por Juan Guaidó en su carácter de presidente encargado, nombrado por la Asamblea Nacional y por el líder opositor Leopoldo López, entre los meses de enero a junio de 2019, cuando funcionarios de los cuerpos de seguridad y civiles armados, habrían reprimido las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, haciendo uso excesivo de la fuerza», explica el informe de Foro Penal.

Así mismo, recoge la muerte de una persona mientras estaba recluida a causa de las torturas de las que fue víctima. Se trata del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo , muerto el pasado 29 de junio. Salvo este caso, todos los asesinados a causa de la represión lo fueron con armas de fuego . Dos eran mujeres, tres menores de edad (entre 13 y 16 años), uno funcionario de policía en el estado Táchira y cuatro de la etnia indígena pemón.

«La represión continúa en aumento» y fue «masiva» en 2019, explica a ABC el director de Foro Penal, Alfredo Romero , ya que «nunca había cerrado un año con tantos presos politicos como 2019». «Solo en enero hubo más de mil detenciones, nunca en un mes había habido tantos detenidos», añade.

Además, advierte de que en esta ocasión la represión se caracterizó «no solo por ser uno de los mayor represión, sino que se enfocó en sectore populares, sectores pobres, que protestaban en las zonas donde vivían, sobre todo a principios de 2019». A la represión «brutal» a estos colectivos se sumó «la persecución a comunidades indígenas».

Precisamente, el «ataque desproporcionado» de los cuerpos de seguridad y grupos irregulares de civiles armados contra pueblos indígenas es uno de los aspectos en los que hace hincapié el informe. En concreto, se refiere a los ataques sufridos por el pueblo pemón asentado en la comunidad de San Francisco de Yuruaní, conocida como «Kumarakapay», en el estado Bolívar. Del 22 al 28 de febrero fueron reprimidos al oponerse a que pasara un convoy del ejército que impediría el acceso a la ayuda humanitaria, que se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil. «Producto de ese ataque, siete personas fueron asesinadas por impacto de balas, cuatro de ellas pertenecían a la etnia pemón», indica. Otras 57 resultaron heridas, 22 de ellas indígenas, agrega.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año hubo 2.219 personas arrestadas arbitrariamente en Venezuela, según el estudio de Foro Penal, que señala que el acumulado entre 2014 y 2019 asciende a un total de 15.250 personas . La organización advierte del llamado «efecto puerta giratoria», es decir, el hecho de que las cifras de presos políticos «varían constantemente durante el año, ya sea incrementándose o disminuyendo, en virtud de las excarcelaciones de algunas personas y la aprehensión de otras».

Así mismo, recoge un total de 526 desapariciones forzosas en el periodo analizado.

Además, señala la abundancia de casos de torturas y tratos crueles. De hecho, apunta, al menos el 50% de las personas detenidas de forma arbitraria dice haber sido víctima de algún tipo de maltrato.

Foro Penal concluye que en 2019 el régimen venezolano mantuvo «una conducta sistemática de intimidación en contra de un grupo específico de la población». «El Estado debe poner fin a las violaciones de los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos, y garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos». Foro Penal exige «la liberación de todos los presos políticos y exhorta al régimen a que cese la persecución y represión por motivos políticos y se ofrezca la garantía de un sistema jurídico imparcial, que garantice a las víctimas y sus familiares un debido proceso».