Macron legislará contra los separatismos

Macron comentó hace semanas que los movimientos, agitación y manifestaciones de carácter étnico y religioso podían convertirse en una problema de «separatismo», amenazando la matriz cultural de la nación.

Castex anuncia un próximo proyecto de ley contra los separatismos, con este objetivo estratégico: «Evitar que ciertos grupos se cierren con intransigencia en sus pertenencias étnicas o religiosas». Ante tal riesgo, el primer ministro pondrá en marcha un proyecto de ley que deberá reglamentar el techo de las reivindicaciones étnicas, religiosas o culturales, con el expreso fin de reafirmar la identidad de la Nación.

Ante la proliferación de manifestaciones y protestas étnicas, suburbanas, el jefe de gobierno anuncia nuevas medidas judiciales y policiales. Se creará un equipo de «jueces de proximidad» , con el fin de procesar con celeridad delitos comunes relacionados con comportamientos poco cívicos, del vandalismo a la violencia callejera.

La nueva ley contra los separatismos étnicos, religiosos y políticos será presentada en el Parlamento (Asamblea Nacional y Senado) el otoño que viene y es la respuesta gubernamental a varios desafíos paralelos, con esta filosofía política básica: reafirmar la identidad de la Nación, rearmar a los territorios y defender la laicidad como principio capital.

Desde la óptica de Macron y Castex, la laicidad permite respetar todas las sensibilidades religiosas, culturales, étnicas, pero reafirmando la matriz esencial del Estado y la Nación. El rearme de los territorios será judicial y policial: jueces y fuerzas especiales, próximas a los guetos culturales, étnicos y religiosos percibidos para la unidad nacional.

Sin olvidar los separatismos tradicionales (muy minoritarios y aislados, en Córcega, en decadencia relativa) los nuevos separatismos tienen, desde la óptica «macroniana», dimensiones étnicas y religiosas peligrosas y disgregadoras, indisociables de conflictos africanos y medio orientales importados en los barrios multiculturales.

Continuando los proyectos reformistas de Macron, su jefe de gobierno confirma una nueva ronda de negociaciones para «relanzar» la empantanada reforma del sistema de pensiones, para crear un nuevo sistema «único y universal», con una pensión mínima de 1.000 euros mensuales.