May lucha en el Supremo para no llevar el Brexit al Parlamento

Si el Supremo ratifica que el Gobierno debe llevar al Parlamento la aprobación del artículo 50, que inicia el Brexit, supondrá un revés político para May , empecinada en activar la salida sin escuchar a la cámara. Pero el Brexit no se paralizará. En todo caso se podría demorar un poco el plazo fijado por la primera ministra, que quiere invocar el artículo 50 antes de finales de marzo. Los laboristas no están dispuestos a hacer algo tan impopular como desoír el mandato de las urnas y bloquear el Leave en los Comunes. Pero sí presentarán enmiendas para suavizar las condiciones de salida.

En realidad el Gobierno de May ya está aflojando. Las bravatas del Brexit duro que declaró a comienzos de octubre se han ido aguando tras la devaluación de la libra y el lastre presupuestario (el país tendrá que endeudarse en 143.000 millones de euros más). La semana pasada, el ministro para la Salida de la UE, el eurófobo David Davis , sorprendió anunciando que el Gobierno podría aceptar seguir contribuyendo al presupuesto de la UE tras completar los dos años de la negociación de salida, a fin de salvaguardar el acceso de las empresas británicas al mercado único europeo. También admitió que el Reino Unido podría seguir recibiendo a trabajadores comunitarios de baja cualificación.

Los manifestantes tiñeron ayer de colorido el inicio de la vista. Los europeístas se presentaron en un autobús de dos pisos, disfrazados con las togas rojas que visten los once jueces del Supremo, a fin de darles su apoyo. Los magistrados están siendo criticados de manera visceral por la prensa amarilla eurófoba, que los tacha de «enemigos del pueblo». El encono ha llegado al punto de que el presidente del tribunal, Lord Neuberg , explicó que no se trata de un debate político, sino que los jueces se limitarán «a decidir acorde a la ley». Neuberg es uno de los señalados, porque tras el referéndum su mujer tachó el Brexit de «loco y malo».

El argumento de la demandante Gina Miller , una ejecutiva mulata nacida en la Guayana, es que dado que el país entró en la UE por la Ley de Comunidades Europeas de 1972, aprobada en el Parlamento, no puede salir a menos que derribe esa norma con otra ley. El Alto Tribunal le dio la razón en octubre. El fiscal general del Estado, que presentó ayer la argumentación del Gobierno, defendió la primacía de la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, y el derecho del Gobierno a activar el artículo 50 con poderes ejecutivos -la llamada «prerrogativa real», vestigio del absolutismo monárquico- y sin pasar por el Parlamento. «La prerrogativa real no es una reliquia antigua, sino un pilar fundamental de nuestra Constitución y nuestro Estado soberano», argumentó.