Un juez rechaza reabrir la denuncia de Nisman por encubrimiento contra Fernández de Kirchner

El magistrado considera que la desestimación de la denuncia, resuelta el año pasado por él mismo en un tiempo récord, «ha quedado firme» , según informa el diario argentino «Clarín». De esta forma, Rafecas desestima la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Pollicita argumentó hace un año —dos meses después de la muerte de Nisman— que «la decisión de proceder al cierre inmediato del sumario , sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial».

En concreto, indicó que era necesaria «para poder sostener con certeza que la creación de una 'Comisión de la Verdad' (con Irán) no tiene relevancia en el ámbito penal o que no hubo un accionar orientado a obtener la baja de las circulares rojas relacionadas a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA».

El 13 de febrero de 2015, Pollicita anunció la imputación de Fernández de Kirchner , su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Elía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

El fiscal se basó en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

Nisman denunció «la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA) , para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina».

De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.

Pollicita también hizo suyos los cargos de Nisman apuntando a un delito de «encubrimiento», con una pena de entre seis meses y tres años , otro de «impedimento o estorbo del acto funcional», con entre 15 días y seis meses de cárcel, y otro de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», con entre un mes y dos años.