Lula Da Silva: «El acusado soy yo, pero quien fue condenado es el pueblo brasileño»

Los magistrados aún no dieron orden de prisión o inhabilitación. Lula sólo podría ir a la cárcel después de presentar su defensa en todos los tribunales de apelación, lo que puede tardar meses y mantiene la incógnita sobre si llegará a tiempo de ser candidato a la presidencia. Aunque la decisión de la Justicia pesará como una losa en el futuro político del expresidente . Se agudizará ahora el debate entre juristas y especialistas en derecho electoral sobre si Lula podrá presentarse a la elección teniendo en cuenta la ley «Ficha Limpia», sancionada por su Gobierno, y que impide las candidaturas de políticos condenados en la segunda instancia, lo que ahora es su caso.

De momento, el Partido de los Trabajadores (PT) ha confirmado que Lula será su candidato para las elecciones presidenciales, pese a lo que considera una «farsa judicial» en la corte de apelaciones.

La decisión, adoptada por unanimidad, ratifica la decisión del juez Sergio Moro, que en julio del año pasado condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso de un tríplex de 215 metros cuadrados frente al mar en el complejo turístico de Guarujá, que el expresidente habría aceptado de la constructora OAS, que a cambio se benefició de favores del Gobierno y de contratos de la petrolera estatal Petrobras.

Gebran Neto, relator del caso, votó contra el expresidente, bajo el argumento de que los indicios «de culpabilidad de Lula son extremadamente elevados», e incluso pidió aumentar la pena solicitada anteriormente por el juez Moro hasta doce años y un mes de prisión. La petición de condena de Gebran es de ocho años y cuatro meses de reclusión por corrupción pasiva, y tres años y nueve meses por blanqueo de fondos en el caso del famoso triples de Guarujá.

El juez, no obstante, absolvió a Lula en la acusación de crimen de lavado de dinero a través de los diversos regalos que recibió durante su Gobierno. «No estamos tratando de pobres, miserables o descamisados, que son usualmente los destinatarios de acciones penales. En el banquillo de los reos está unexpresidente que dirigió el país durante dos mandatos. Estas circunstancias hacen la tarea más dramática», declaró Neto.

El juez Leandro Paulsen, supervisor del caso, confirmó la participación de Lula da Silva en los desvíos de Petrobras, y también pidió que se mantenga la condena de Moro por el crimen de corrupción pasiva en el caso del triplex. La sentencia de Neto y Paulsen fue ratificada por los demás jueces.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, que no esperaba una votación tan desfavorable, se prepara para seguir la batalla judicial y agotar todas las vías en las cortes de apelación y en el Tribunal Superior de Justicia. Zanin ha cuestionado los criterios técnicos y ha repetido que su cliente es víctima de persecución política, tesis apoyada por Lula y sus numerosos simpatizantes. Aunque los analistas creen que el camino hacia la presidencia se pone ahora muy cuesta arriba para Lula, también hay quienes creen que el expresidente todavía tiene alguna oportunidad.

La profesora de Derecho electoral de la Fundación Getulio Vargas, Silvana Batini, considera que los recursos judiciales aún podrían abrir la puerta a que Lula se presente a las presidenciales. «El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva podrá registrar su candidatura a la presidencia en 2018, si consigue una sentencia preliminar del Tribunal Federal de Apelación con la que puede recurrir ante la Corte Electoral y hacer campaña», explica la especialista. «La inelegibilidad no es reconocida en la condena criminal, y solo podría ser ratificada por la justicia electoral», afirma.

Para Batini, otra posibilidad es que la decisión final salga después de que la corte electoral haya aceptado su candidatura. «En este caso, en la eventualidad de que Lula sea condenado después de ser elegido en las urnas, el Tribunal Superior de Justicia no tendría forma de impedir que el candidato asuma la presidencia de la República», destaca la especialista en derecho electoral.