La jefa del Gobierno de Hong Kong aparca la ley de extradición a China, pero no dimite

«Pido mis más sinceras disculpas y estoy triste porque el Gobierno no ha escuchado a la gente», se lamentó Lam, quien definió las protestas como « manifestaciones pacíficas » y retiró el término «disturbios» que tanto ha molestado a los asistentes a las movilizaciones por sus repercusiones legales. A pesar de entonar el «mea culpa» y de reconocer que «debería haberlo hecho mejor», se negó a presentar su dimisión. «Aunque mi Gobierno en los tres años que me quedan será muy difícil, prometo que trabajaremos duro para recuperar la confianza del público y seremos pragmáticos porque tenemos muchos asuntos económicos y sociales que resolver en Hong Kong», anunció, dando unas explicaciones que convencen a los manifestantes.

Tampoco ordenará la retirada de la controvertida ley, pero explicó que quedará anulada «de facto» porque «no dará tiempo a tramitarla en el Parlamento antes de julio del próximo año, cuando cumple su plazo legislativo». Intentando calmar al público, aseguró que «el debate parlamentario de este proyecto no será reiniciado hasta que no se resuelvan todas las controversias y distintos puntos de vista que ha generado». Pero esta concesión burocrática no ha calmado a los grupos opositores, que habían exigido su retirada definitiva y no se conforman solo con sus disculpas.

«Estamos muy decepcionados y enfadados porque Carrie Lam no ha dimitido, no ha anulado el proyecto de ley y no ha criticado la violencia de la Policía en las manifestaciones», criticó Bonnie Leung, vicecoordinadora del Frente Civil por los Derechos Humanos , que ha organizado las dos multitudinarias marchas de los pasados fines de semana. Además de no aceptar las disculpas de la jefa ejecutiva, aseguró que «no se merece una segunda oportunidad porque el Gobierno ha engañado muchas veces a la gente».

Para coordinar la respuesta durante los próximos días, el Frente se reunirá este miércoles con los diputados pro-democráticos del Parlamento, explicó tras la comparecencia de Lam en una multitudinaria rueda de prensa improvisada a las puertas del Gobierno. A la espera de lo que decidan, el combativo líder estudiantil Joshua Wong, que salió ayer de la cárcel, avanzó que «habrá más acciones y una campaña de desobediencia civil en los próximos días, antes de la cumbre del G20 en Japón (28 y 29 de junio) y del aniversario de la devolución de Hong Kong a China (1 de julio)».

Con «una campaña sin líderes, descentralizada y masiva », como están siendo estas protestas protagonizadas por jóvenes congregados a través de Telegram y Facebook, Wong se ha propuesto «enterrar la carrera política» de Carrie Lam porque «no ha escuchado a la gente y tiene que pagar el precio ». Uno de sus objetivos es que la crisis política que vive Hong Kong, la más grave desde la «Revuelta de los Paraguas» que el mismo colideró en 2014, esté presente en la cita del G20 la próxima semana en Osaka. Como está previsto que en ella se reúnan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, para hablar de la guerra comercial, los manifestantes quieren que Hong Kong sea uno de los asuntos sobre la mesa. «Además de tratar la guerra comercial, Trump debería hablar con Xi Jinping sobre la erosión de las libertades y los derechos humanos que sufre Hong Kong», respondió Joshua Wong cuando ABC le preguntó qué esperaba de dicho encuentro.

Lejos de solucionarse, el conflicto se agrava y amenaza con enturbiar la presencia de Xi Jinping en el G20. En lugar de retirar la polémica ley, como pedía la oposición, la jefa ejecutiva la ha enterrado «de facto», lo que supone un nuevo error político porque, a fin de cuentas, viene a ser lo mismo, pero sin darle la satisfacción de la victoria a los manifestantes. Más enrabietados aún que antes, y envalentonados por haber parado la ley, todo indica que volverán a las calles hasta derribar al Gobierno. Aunque Joshua Wong admitió que «no importa quién sea nombrado jefe ejecutivo porque no tenemos elecciones y será otro títere de Pekín», confesó que ese era el «objetivo a corto plazo para que el Gobierno escuche a la opinión pública». A largo, será el pleno sufragio universal.