La investigación sobre los «escuadrones de la muerte» de Davao vuelve al Senado

Este policía jubilado había relatado los crímenes, presuntamente, encargados por Duterte para eliminar a elementos críticos , después de haber negado la existencia de este grupo de grupo de vigilantes armados.

Su declaración se producía después de que Duterte se viera envuelto en una polémica por las acusaciones vertidas por otro exsicario sobre el presunto encargo de asesinato de rivales políticos cuando era alcalde en la ciudad de Davao. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones» , reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado.

«Me vi obligado a negar lo que dijo Matobato, aunque la mayor parte de ello fuera cierto, porque tenía miedo por la seguridad de mis seres queridos en Davao», reconoce ahora Lascañas, quien acudirá al Senado el próximo martes 7 de marzo.

«La verdad es que la mayor parte de lo que Matobato dijo al Senado es cierto» , destacó.

«Si los enterramos o los arrojamos en el mar, siempre fuimos pagados por el alcalde Rody (Rodrigo) Duterte», reiteró el exmiembro de las fuerzas de seguridad.

El propio Duterte aseveraba el lunes haber coincidido con Lascañas en un par de ocasiones cuando era alcalde de la ciudad de Davao. Sin embargo, negó haber ordenado los asesinatos.

Según el exsicario Matobato, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él» , aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años.

Curiosamente, la investigación sobre los «escuadrones de la muerte» de Davao camina de forma paralela al arresto de la senadora Leila de Lima , una de las principales figuras críticas con la sangrienta campaña anti-droga del presidente de Filipinas y quien formó parte de la comisión de investigación del Senado encargada del testimonio de Matobato. La política se encuentra acusada de recibir pagos entre 2010 y 2015, mientras era secretaria de Justicia, de los señores de la droga condenados, para que estos pudieron continuar sus negocios en la prisión de New Bilibid.