Nuevas acusaciones sobre la subvención de Duterte de los «escuadrones de la muerte» de Davao

«Si los enterramos o los arrojamos en el mar, siempre fuimos pagados por el alcalde Rody (Rodrigo) Duterte», destacó el exmiembro de las fuerzas de seguridad.

Recientemente , Duterte se veía envuelto en una nueva polémica tras las acusaciones vertidas por otro exsicario sobre el presunto encargo de asesinato de rivales políticos cuando era alcalde en la ciudad de Davao. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones» , reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado

Antiguo líder de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. De igual modo, siempre según el testimonio del exsicario Matobato, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él», aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años.

En este sentido, en diciembre pasado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pedía al Gobierno de Filipinas que investigara las alegaciones lanzadas por el propio presidente sobre su participación directa en la muerte de tres personas cuando era alcalde de la ciudad de Davao.

«En Davao, solía hacerlo personalmente. Tan solo para mostrar a los chicos (oficiales de Policía) que si yo podía, ¿por qué no vosotros?» , destacó Duterte en referencia a su participación en muertes. Posteriormente confirmó en una entrevista su implicación en tres decesos durante una crisis con toma de rehenes.

«Las autoridades judiciales filipinas deben demostrar su compromiso al respeto del estado de derecho y su independencia con el Ejecutivo mediante el lanzamiento de una investigación», reconoció Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «Las muertes descritas por el presidente Duterte también violan el derecho internacional», destacó Hussein.