Arrestada una de las principales figuras críticas con el presidente filipino Duterte

De Lima formó parte de la comisión de investigación del Senado encargada del testimonio de Edgar Matobato, exmiembro de los «escuadrones de la muerte», sobre el presunto encargo de asesinato de rivales políticos cuando Duterte era alcalde en la ciudad de Davao. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones» , reconocía entonces el exsicario.

La senadora se encuentra acusada de recibir pagos entre 2010 y 2015, mientras era secretaria de Justicia, de los señores de la droga condenados, para que estos pudieron continuar sus negocios en la prisión de New Bilibid. El jueves, el actual secretario de Justicia, Vitaliano Aguirre II (compañero de estudios de Duterte en la Facultad de Derecho de San Beda), aseguraba que miembros de la oposición sobornaron a presos para no declarar contra De Lima.

Desde su inicio el pasado 30 de junio, y según cifras oficiales de la Policía, la guerra anti-droga emprendida por el presidente de Filipinas ha superado las 7.000 muertes .

De los 7.080 fallecimientos ( a fecha de finales de enero ), 2.555 corresponden a presuntos consumidores o traficantes muertos en operaciones policiales (sus decesos fueron justificados en su resistencia a la autoridad), mientras que se registraron otros 3.603 asesinatos bajo investigación (no obstante, la investigación de otras 922 muertes ya ha sido cerrada). Las excelsas cifras no acaban ahí. Según números de la propia Policía, en esta campaña iniciada con la nueva Administración Duterte, se han producido 53.025 detenciones, así como 7 millones de casas fueron «visitadas» en el proyecto «TokHang» (llamar y alegar), que implica la «persuasión» por parte de las fuerzas del orden para el cese de actividades delictivas».

Sin embargo, el pasado parece también volver con fuerza. La próxima semana está prevista una audiencia en el Senado de Filipinas sobre la presunta financiación del presidente Duterte, de los llamados «escuadrones de la muerte» cuando era alcalde de esta localidad de Davao.

El proceso se inicia después de que un presunto exmiembro de estas patrullas armadadas, quienes atestaron la ciudad de Davao de cadáveres en la década de los 90 , relatara los crímenes, según su testimonio, encargados por Duterte para eliminar a elementos críticos.

«Si los enterramos o los arrojamos en el mar, siempre fuimos pagados por el alcalde Rody (Rodrigo) Duterte», destacó el policía retirado Arturo Lascañas.

No obstante, como ha aclarado el senador Panfilo Lacson, la audiencia, no será una reapertura de la investigación realizada por la comisión de justicia y derechos humanos sobre ejecuciones extrajudiciales. En este sentido, la vista se basa en las nuevas revelaciones realizadas por el exmiembro de las fuerzas armadas.