Olvidados de las guerras olvidadas

Según un estudio publicado por el American Journal of Public Health, al menos 1.100 mujeres son agredidas sexualmente cada día en el país africano. En el análisis, centrado en el periodo 2006-2007, se documentan las vejaciones sufridas por más de 400.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. Éste es el caso de la violación en masa cometida el pasado mes de agosto por rebeldes hutus y Mai-Mai en localidad de Luvungi. En el ataque, realizado a tan solo 30 kilómetros de una base de «cascos azules», al menos 500 mujeres fueron violadas. Una virulencia que, como denuncia la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), habría provocado la concentración de cerca de 1,7 millones de desplazados internos, principalmente, en los campos de Kivu Norte y Sur.

Sin embargo, la situación no es mucho mejor para los refugiados procedentes de países como la República Centroafricana o Sudán. En la actualidad, cerca de 180.000 refugiados extranjeros se concentran en las regiones de Bas Congo, Katanga y Bandundu. En su mayoría, tras huir de los ataques de las tropas del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo rebelde que defiende la llegada del milenarismo bíblico. Pero en una región plagada de conflictos políticos, no parece ser un elemento prioritario para la comunidad internacional.

En el avispero del narcotráfrico

Con 135 tribus y ocho grandes etnias que se dividen el territorio, Myanmar (nombre oficial de la antigua Birmania) es un avispero más enrevesado aún que los Balcanes. Los Bamar (birmanos) son el grupo hegemónico, pero las minorías suman un 40 por ciento de sus 57 millones de habitantes. Algunas etnias, como los Shan (9%), Karén (7%), Wa (4,5%), Mon (2%) y Kachín (1,5%), mantienen desde hace décadas guerrillas financiadas por el narcotráfico del «Triángulo Dorado». Con el dinero de la heroína y las pastillas, han erigido en el noreste de Birmania auténticos Estados independientes al margen de la Junta militar que dirige con puño de hierro este paupérrimo país del Sureste Asiático. Desde 1989 estaba vigente un alto el fuego, pero el Ejército lleva dos años lanzando ofensivas contra la insurgencia —la última esta semana contra los rebeldes Kachín— que provocan miles de desplazados.

A las tropas birmanas («Tadmadaw») se enfrentan seis grupos armados, entre los que destacan los 20.000 soldados del Ejército del Estado Wa Unido, los 8.000 de la guerrilla de Kachín y los 5.000 del Ejército Nacional de Liberación Karén, que lucha desde 1948 por la independencia. Dicha insurgencia es la más antigua del mundo y, probablemente, la más castigada por décadas de limpieza étnica que han arrasado 3.000 pueblos y provocado medio millón de desplazados. De los cuatro millones de Karén, más de 150.000 viven en la decena de campos de refugiados desperdigados a lo largo de la frontera tailandesa. Con 40.000 almas, el mayor de ellos es Mae La, que se ha convertido en una ciudad de chozas de madera, sin agua ni electricidad, y calles de tierra que se enfangan cada vez que llueve. Rodeado por alambradas para impedir la salida de refugiados como Thu Lay Paw, una joven que vio como a su abuelo le cortaban el cuello y luego colgaban su cabeza de un árbol, el campo de Mae La es la prueba más evidente de un genocidio silencioso que ya se conoce como el «Darfur de Asia».

La espiral de violencia que nunca cesa

«La crisis en Darfur ha acabado. La guerra ha terminado». El desafortunado autor de esa cita no es otro que el comandante saliente de la operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en la región (Unamid), Martin Luther Agwai. Desafortunada, sobre todo, porque cerca de dos años después de ser pronunciada —agosto de 2009—, la espiral de violencia apenas ha cesado en esta región de Sudán. Y entre los principales perjudicados, de nuevo, los desplazados internos del conflicto.

Según el Norwegian Refugee Council, en la actualidad hay al menos 1,9 millones de desplazados internos en la región (el término refugiado se emplea para los provenientes de otro país). Una sangría humana cuyo principal foco son las ciudades del oeste (Zalingei y El Geneina) y, sobre todo, los campamentos de Kalma (sur) y Zam Zam (en las cercanías de la capital regional, El Fasher). En este último, al menos 170.000 desplazados sobreviven cada día en la más absoluta miseria humana. Sin embargo, la cifra —como denuncia el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Sudán, Georg Charpentier— podría haberse incrementado considerablemente en los últimos tres meses debido al recrudecimiento de los combates.

Para Charpentier, la rápida llegada de los nuevos desplazados —que algunas fuentes cuantifican en casi 40.000— habría puesto «una presión considerable» en los servicios básicos y los recursos disponibles en el campamento. Pero si en los campos darfurís la situación es crítica, en la región de Abyei no lo es mucho mejor. En los últimos días, al menos 100.000 personas se han visto obligadas a huir de esta región petrolífera, tras avivarse un nuevo foco del eterno conflicto entre el Norte y el Sur del país. Y hay un nuevo Estado —Sudán del Sur— cuya independencia será reconocida por la comunidad internacional el próximo 9 de julio.

El terror desplaza a 4.500 personas todos los días

Es la otra cara de la revolución, la cara oculta tras las líneas fronterizas que separan a Libia de sus vecinos. La cara de una Libia que nunca había aparecido ante la comunidad internacional. Desde el estallido de la revuelta contra el coronel Muamar Gadafi, en febrero más de un millón de personas han huido del país, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Túnez y Egipto, recién salidos de sus respectivos procesos revolucionarios, son las principales vías de escape para este grupo que sigue aumentado a una media de 4.500 personas al día, según datos recogidos por el organismo de Naciones Unidas esta misma semana.

Túnez, con 530.000 personas, es la mayor puerta de salida. Acnur, Media Luna Roja u organizaciones de Emiratos Árabes Unidos mantienen cinco campos de tránsito en tres lugares diferentes a lo largo de la frontera. En un primer momento salieron sobre todo inmigrantes, regulares o irregulares, que eran la mano de obra que movían Libia, pero con el paso de las semanas fueron llegando también personas en busca de protección y que en ningún caso pueden regresar a Libia o sus países de origen por lo que se les está buscando reasentamiento en lugares seguros. Otros muchos pasan de largo, el terror al régimen y la incertidumbre sobre si caerá o no les lleva a buscarse la vida por su cuenta, sin registrarse ante ninguna organización, ni pedir ayuda.

Mientras que los países vecinos abrieron sus fronteras desde el primer día, Europa no hizo lo propio. Hasta el momento unas 15.000 personas han llegado a bordo de embarcaciones hasta las costas italianas y esto, unido a las más de 24.000 que emigraron previamente a causa de la revolución de Túnez en enero, ha provocado que se replantee el acuerdo Schengen por el que se permite a los ciudadanos de la Unión Europea viajar entre los países miembros sin controles fronterizos.

El país con el mayor número de desplazados

Quien se encargó de dar la noticia fue la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), una ONG independiente: unos 5,2 millones de colombianos viven desplazados de sus hogares tanto fuera como dentro de su país a causa del conflicto armado. Esa cifra muestra que Colombia mantiene el primer puesto de la lista de países con mayor número de desplazados internos.

En su estudio titulado «¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010», Codhes fue enfática: un tercio de las más de 280.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse en 2010 provenía de zonas cuyo control había sido retomado por la fuerza pública y que antes estaban en manos de grupos armados. Durante ocho años el ex presidente Álvaro Uribe fortaleció las fuerzas armadas y combatió duramente a las guerrillas de izquierda. Aunque el secuestro bajó un 85% y los homicidios un 45%, el estudio de Codhes muestra otra cara de la moneda.

«Son áreas —explica Jorge Rojas, director de Codhes— que, se suponía, el Estado colombiano las había recuperado para superar el desplazamiento y la pobreza, proteger los derechos humanos y alcanzar la paz. Sin embargo, el denominador común de estas zonas es que son objetivo de despojo de tierras, inversiones en minería y cultivos de palma de aceite. Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación», aseveró el presidente de Codhes, quien observó que en esas mismas zonas siguen produciéndose masacres y asesinatos selectivos.

Casi 12 de cada 100 colombianos han sido desarraigados por el conflicto, que ha obligado a 389.753 a buscar refugio en el exterior, mayoritariamente en Ecuador (53.342) , Estados Unidos (33.455) y Canadá (15.511).