El Gobierno de Ortega excarcela a casi un centenar de presos políticos

Como en casos anteriores, no se trata de liberaciones sino de excarcelaciones, es decir, que a los presos se les ha cambiado el régimen de cárcel por casa. «Nos hicieron firmar un documento donde nos otorgan el régimen de convivencia familiar, donde tenemos una serie de restricciones», explicaba Jesús Tefel , otro de los aguadores excarcelado, a su salida de prisión, según recoge el diario «La Prensa».

A pesar de que la Ley de Amnistía, aprobada el pasado verano por el régimen de Ortega, había permitido la salida de las cárceles a decenas de presos, todavía quedaban en ellas más de un centenar y medio de detenidos. La liberación de todos los presos políticos fue la exigencia de la Alianza Cívica –plataforma que aglutina a la oposición– para seguir las negociaciones con el Gobierno nicaragüense. Este incumplimiento no permitió avanzar en la pacificación social del país ni en la planificación de unas elecciones anticipadas –la principal demanda de la oposición–, algo a lo que se han negado de manera sistemática el presidente Ortega.

Una de las primeras reacciones a la excarcelación de los presos políticos fue la de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En un mensaje en su cuenta de Twitter, saludó la decisión del Gobierno de excarcelar a 91 personas. Y consideró que con ella «se da un paso positivo para restituir la libertad plena a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo a las que todavía permanecen presas». Por otra parte, la OACNUDH alentó al Gobierno de Nicaragua «a seguir el camino del diálogo y cumplir las recomendaciones de los órganos regionales e internacionales para superar la persistente crisis de DDHH». Asimismo, reiteró su disposición «de colaborar para tales fines».

La excarcelación se habría producido gracias a las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, el nuncio Waldemar Sommertang, con el Gobierno de Ortega; así como por «la actuación unida de los nicaragüenses y la presión de los hermanos de otros países», indicó la Alianza Cívica a través de un comunicado.

En los últimos meses la presión internacional sobre el régimen de Ortega ha aumentado a través de las sanciones aplicadas por EE.UU., que han afectado a uno de los hijos del presidente y a varias empresas que tienen vínculos con su familia. También la Unión Europea aprobó sanciones el pasado mes de octubre.

La crisis social y política en Nicaragua comenzó en abril de 2018 tras la aprobación por parte del Ejecutivo de una reforma de la Seguridad Social que provocó semanas de protestas, que después desencadenaron un incremento de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos de paramilitares afines al régimen sandinista. El balance fue de más de 300 muertos y cientos de detenidos, entre ellos varios periodistas. Además ha obligado a salir del país a más de 80.000 nicaragüenses.