El Gobierno asegura que no pagó rescate para liberar a Alicia Gámez

Sin bajarse del caballo de batalla en el que se ha convertido la prudencia desde el pasado 29 de noviembre, las autoridades españolas no dejan de transmitir cierto optimismo por el desenlace final. Fue la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, la que viajó a Uagadugú (Burkina Faso) a buscar a Gámez, pero fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la que compareció en público en Madrid una vez confirmada la liberación de la cooperante.

Ocurrió de manera urgente en La Moncloa, tras un martes y una madrugada de miércoles trepidantes. «No se ha pagado rescate», afirmó De la Vega a pesar de que otras fuentes aseguran lo contrario. Ante la insistencia de los periodistas, lo único que añadió fue que «la liberación es el resultado del trabajo que han venido realizando servicios diplomáticos y de inteligencia y cooperación con otros países». «No ha habido otro tipo de contraprestación», insistió la vicepresidenta, en clara alusión a la liberación de presos yihadistas en Mauritania como reclaman los terroristas de AQMI.

De la Vega, que no quiso decir ni siquiera el país en que ha sido liberada Gámez, fue quien primero habló por teléfono con ella y ésta le transmitió que los otros dos secuestrados están «nerviosos» esperando el fin del secuestro. La vicepresidenta sí desveló, en una entrevista a la cadena SER, que además de las dos pruebas de vida conocidas hasta ahora en forma de vídeo ha habido otras como cartas, fotografías o llamadas de teléfono a las familias.

I ntervención de Burkina

La intervención de un negociador próximo al presidente de Burkina facilitó, al igual que en otros casos anteriores, la liberación de Gámez. Un avión de este país llegó a recoger a la cooperante al aeropuerto de la ciudad de Gao (Malí) y la trasladó a Uagadugú. Atrás quedaban Vilalta y Pascual.

Además de los dos cooperantes catalanes permanece secuestrada en el norte de Malí una pareja de italianos. Se pensó en un principio que ella, Philomene Kabouré, había sido liberada junto con Gámez, pero Burkina Faso, país del que es originaria, e Italia lo desmintieron.

Al Qaida del Magreb exigió el pago de un rescate de cinco millones de dólares para liberar a los tres cooperantes españoles. La semana pasada añadió una nueva y más preocupante condición: intercambiarlos por presos yihadistas de Mauritania, el país en el que fueron secuestrados. El Gobierno no lo confirmó y pidió de nuevo cautela.

Desde que en 2003 los terroristas empezaron a buscar financiación por medio del secuestro de occidentales en la franja del Sahara-Sahel ningún Gobierno ha reconocido de manera oficial el pago de rescates para ponerlos en libertad. Nadie duda, sin embargo, entre las distintas fuentes consultadas en Malí o Mauritania por ABC de que los maletines cargados de dinero circulan por el desierto en las horas previas a la liberación de los rehenes. Sus captores se afanan en contar los billetes y se aseguran de que no les dan gato por liebre.

Algunas fuentes aseguran que «nadie sale de su lugar de cautiverio sin que haya dinero de por medio», sean cuales sean las condiciones anunciadas para su liberación. Se refieren al francés Pierre Camatte, puesto en libertad a finales de febrero tras ser canjeado por los cuatro presos que Al Qaida del Magreb Islámico exigió. París, como Madrid, niega haber pagado. Muchos lo dudan e insisten en que de otra manera no habría liberación, pues la industria de los secuestros da de comer a muchos en el Sahel. Y no sólo a los terroristas de Al Qaida.