Francia pide tres años de prisión para «Teodorín» Obiang

«Para mí no hay lugar para la absolución», subrayó en su requisitoria Lourgouilloux, que insistió en que «el origen de estos fondos es fraudulento» ya que proceden de «la corrupción, de la malversación de fondos públicos».

Instó al tribunal a ser «relativamente severo» en su sentencia, después de haber repasado la lista de los bienes que se encuentran bajo el control de la justicia francesa, entre los que destacan coches de lujo comprados por 7,4 millones de euros, la colección de arte de Yves Saint Laurent por la que se pagaron 18 millones o un palacete en París de más de 1.000 metros cuadrados.

Ese inmueble, que Guinea Ecuatorial convirtió en su embajada -según el representante del Ministerio Público para impedir su confiscación-, fue adquirido por 25 millones de euros, pero ahora su valor es de alrededor de 100 millones.

Recordó que mientras adquirió todos esos bienes como ministro de Agricultura, entre 2005 y 2007, su sueldo rondaba los 80.000 euros anuales, lo que significa que para haberlos financiado habría necesitado «más de un milenio de ingresos oficiales», y eso sin tener en cuenta adquisiciones similares fuera de Francia.

Subrayó que «lo que se juzga (en París) no son infracciones cometidas en Guinea Ecuatorial» puesto que «Francia no tiene competencias», sino únicamente la acusación de blanqueo, que se sustenta en la comisión de delitos «graves» en Guinea Ecuatorial.

«No se puede aceptar que Francia sea una especie de paraíso judicial» en el que «se podría disfrutar del producto del delito (...) con total impunidad», afirmó el fiscal, que dijo lamentar que el encausado no quisiera asistir al juicio.

En representación de la acusación particular, el abogado de Transparencia Internacional William Bourdon afirmó que las pruebas de la culpabilidad del vicepresidente ecuatoguineano «están ahí, aplastantes», y puso el acento en que se trata de un caso de «cleptocracia de los más caricaturescos del siglo XXI».

La justicia francesa abrió la instrucción de este caso, conocido como el de los «bienes mal adquiridos», hace una decena de años sobre la base de la denuncia de varias ONG, en particular Transparencia Internacional.

Los abogados de «Teodorín», que han denunciado durante todo el juicio la parcialidad del tribunal y que hoy sufrieron un revés con el rechazo de la cuestión prioritaria de constitucionalidad que habían planteado, harán su alegato final mañana por la tarde, antes de que el caso quede visto para sentencia, que debería hacerse pública en unas semanas.