La fiscalía acusa de asesinato al policía que mató a un hombre negro en Atlanta

La víctima, Rayshard Brooks, fue detenida por la policía el viernes por la noche por quedarse dormido en su coche en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida. Dos agentes interrogaron a Brooks, de 27 años, y le hicieron una prueba de alcoholemia, que resultó positiva. Buscaron esposarlo para llevarlo detenido a comisaría y Brooks se revolvió, en un episodio que quedó grabado por las cámaras de seguridad del aparcamiento y por las que llevan los agentes en su uniforme y en su vehículo. Tras un forcejeo en el suelo, Brooks arrebató un táser -una pistola de descargas eléctricas- con la que le disparó uno de los agentes. Consiguió salir corriendo con el táser mientras el otro agente -Garrett Rolfe- salió en su búsqueda. En la huida, Brooks se dio media vuelta para apuntarle con el táser -un arma no letal- y el agente respondió con su pistola reglamentaria: le disparó tres tiros a la espalda. Brooks murió poco después en el hospital.

«Brooks estaba escapando cuando le disparó» , aseguró el fiscal del distrito, Paul Howard, en la rueda de prensa en la que anunció los cargos contra Rolfe, que hasta el momento solamente había sido despedido del cuerpo de policía de Atlanta. El otro policía, Devin Brosnan, ha sido acusado de agresión agravada, y está colaborando con la fiscalía en el caso como testigo de la acusación, informó el fiscal.

La muerte de Brooks volvió a agitar las tensiones raciales que vive EE.UU. desde que a finales del mes pasado muriera George Floyd -otro hombre negro desarmado- a manos de la policía en Mineápolis. Floyd falleció después de que un policía -que enfrenta también cargos de asesinato- le asfixiara durante casi nueve minutos cuando estaba contra el suelo, esposado y sujeto por otros dos agentes.

La muerte de Floyd despertó los llamamientos a reformas policiales en los departamentos de policía de EE.UU. El presidente, Donald Trump, presentó esta semana una orden ejecutiva para implementar cambios -como la prohibición de ahogamientos en casi todos los casos o el establecimiento de una base de datos federal para agentes con problemas disciplinarios-, mientras que tanto demócratas como republicanos buscan impulsar sus propias reformas en el Congreso.