La exfiscal Ortega afirma que ahora Maduro puede ser «investigado, juzgado y capturado sin impedimento alguno»

«Estoy en La Haya, saliendo de una importante reunión en la Corte Penal Internacional en la que consignamos la denuncia sobre el asesinato de Fernando Albán», explica la propia Ortega en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter . «Igualmente consignamos el testimonio del magistrado Christian Zerpa. Este testimonio deja claro que en Venezuela no hay Estado de derecho, y no es posible obtener justicia -añade-. También fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao, quienes crudamente explicaron sobre sus detenciones ilegales y las tortuas a las que fueron sometidos. Estamos trabajando para que la CPI actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla», subraya la exfiscal que tuvo que actualmente viven exiliada en Colombia, desde donde ha emprendido una dura batalla, nutrida con miles de documentos, contra la vulneración de derechos que ha venido realizando el Gobierno de Maduro en los últimos años. «La comunidad internacional entiende que Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela y puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimiento alguno . Y no descansaré hasta logarlo. Vamos bien Venezuela«, concluye Ortega en su vídeo desde La Haya.

Sobre el testimonio aportado por el magistrado del Supremo, que tuvo que huir a EE.UU. a principios de año tras ser acusado de acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica, Ortega, en declaraciones a Efe, aseguró a su salida de la CPI que «demuestra que todas las decisiones de los tribunales y del TSJ son elaboradas en Miraflores», la sede del Ejecutivo venezolano. «Elaboran las sentencias y se las entregan a los magistrados para que ellos las suscriban Incluso hay sentencias que son publicadas y que ni siquiera son registradas por los magistrados », lo que probaría según la exfiscal que «en Venezuela no es posible hacer justicia».

Esta es la tercera vez que Ortega acude a La Haya para presentar pruebas contra el Gobierno de Venezuela. La primera fue en noviembre de 2017, cuando denunció «un ataque sistemático y generalizado contra la población civil» durante las protestas que tuvieron lugar contra el régimen en la primavera y el verano de 2017, que causaron la muerte 133 personas, según el Foro Penal Venezolano, y más de 4.000 heridos. La segunda fue en marzo del año pasado, cuando llevó ante La Haya la muerte del exagente Óscar Pérez, cuya autopsia confirmó que fue ejecutado de un disparo en la cabeza , y de varios miembros de su grupo.

El encargado de llevar la causa de Ortega ante la CPI es el abogado español, Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, fundado en Montreal en 2002. Su primer cometido, cuando fue contactado por el equipo de fiscales de Ortega en 2017, fue analizar toda la documentación que tenía la exfiscal, en su exilio en Colombia, sobre los abusos realizados durante el mandato de Nicolás Maduro: dictámenes forenses, informes técnicos sobre la manipulación de las armas de los agentes anti disturbios, para que fueran más letales durante las protestas del verano de 2017... «Soy el hilo conductor en el tema jurídico para denunciar los crímenes de lesa humanidad».

«La denuncia se presenta contra personas físicas y no gobiernos», matiza Imbroda durante una conversación con ABC. En este caso, va contra los «máximos responsables», Nicolás Maduro , presidente de Venezuela en el momento que tuvieron lugar los hechos (actualmente es presidente ilegítimo); Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa; Néstor Ruiz Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); Antonio José Benavidez Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Remigio Ceballos Ichaso , jefe del Estado Mayor conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional; Carlos Alfredo Pérez Ampueda , director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los últimos dos fueron incluidos en la segunda denuncia, por la muerte de Óscar Pérez.

La Fiscalía de la CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y en cárceles. Algo que a pesar de la denuncias presentadas por otros organismos y onegés en años anteriores, no había sucedido. «Ha sido a raíz de la denuncia de Luisa Ortega y de llevar allí toda la documentación», que según el abogado español no quiso transportar en un mero pendrive, sino en papel, «por el impacto visual que suponía ver dos maletas de documentación: tomos y tomos encuadernados. Tuvimos que contar con la ayuda de dos personas», recuerda Imbroda. Miles de documentos «internos y oficiales» de la propia fiscalía de la República de Venezuela, que incluía informes, fotos, documentación...

¿En qué punto se encuentra la denuncia? «Ahora para que la Corte intervenga existe el principio de complementariedad , que consiste -explica- en que la Corte no interviene ni tiene que intervenir si los Estados juzgan. El país tiene preferencia para hacerlo, si no lo hace por no tener voluntad o capacidad -por ser un Estado falllido, como pasó con el hijo de Gadafi-, entonces lo hace la CPI. Y en Venezuela no hay Estado de derecho, como demuestra que el legítimo Tribunal Supremo esté en el exilio, y la fiscal general, refugiada en Colombia. Qué más pruebas se necesitan», insiste Imbroda.

Durante el examen preliminar, la CPI analiza toda la documentación presentda para ir armando un caso, para la siguiente fase, que se llama de investigación. «Para que la fiscalía comience la investigación tiene de pedir permiso a la sala de cuestiones preliminares, que debe dictaminar que hay caso. «Eso significa que la denuncia va a juicio». Sobre cuándo puede suceder esto, Imbroda lo desconoce, pero si deja caer alguna crítica hacia la CPI: «La Corte tiene que ser mucho más ágil, actuar con más celeridad. Los tiempos de la fiscalía de La Haya no son los tiempos de quienes están siendo torturados y viven encarcelados».

El letrado señala, además, que el caso de Venezuela existe una singularidad respecto a casos anteriores: «La CPI ha juzgado crímenes que se cometieron y acabaron, pero en Venezuela el problema es que es un crimen continuado . Y deben asumirlo. Tienen que actuar con la máxima celeridad y contundencia . Tienen pruebas de sobra», subraya.

A pesar de todo se muestra convencido de que, gracias a la presión de la comunidad internacional y de numerosas organizaciones humanitarias que han denunciado los abusos del régimen de Maduro durante años, «más pronto que tarde van a pasar el caso a la sala de cuestiones preliminares». En el momento que esta dé la autorización formal de la investigación, «eso implicará que el caso va a juicio y que la fiscalía adopte medidas, entre las que puede estar la orden de detención internacional contra una persona. En ese momento la fiscalía debería pedir la orden internacional contra Maduro. Hay precedentes, como la orden internacional contra Omar Hasán Ahmad al Bashir , presidente de Sudán del Norte», indica Imbroda, que actualmente también trabaja para llevar ante La Haya una denuncia contra el régimen cubano . Esta ha sido promovida por la organización disidente, Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) , y en ella se le acusará de «trata de personas» y de «esclavitud», delitos que están cometiendo en Estados que son parte de la CPI, como Brasil. Imbroda reconoce que también le han llamado de Nicaragua para ver la posibilidad de llevar al Gobierno de Ortega ante La Haya, «pero no es un estado parte, así que no es posible», lamenta. Y concluye: «Debería haber una Corte Penal Internacional solo para las dictaduras en Latinoamérica», concluye.