«Estamos listos para morir, pero no para ser deportados a Ruanda»

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Aunque en teoría la intención del Ejecutivo de Boris Johnson es que las solicitudes de asilo sean procesadas desde allí, gracias a su acuerdo de Asociación de Desarrollo Económico y Migración con el Gobierno ruandés, la forma en la que está planteado hace presuponer que la idea es que muchas de las personas que sean enviadas al país africano permanezcan ahí. Así se entiende no solo por la afirmación de que «reconstruirán» sus vidas, sino que la ministra británica de Interior, Priti Patel , ya aseguró hace unos semanas que, una vez en Ruanda, los inmigrantes recibirán «un generoso paquete de apoyo, que incluye hasta cinco años de capacitación, alojamiento y atención médica».

«Bajo esta asociación, el Reino Unido está invirtiendo inicialmente 120 millones de libras esterlinas» para el «desarrollo económico y el crecimiento de Ruanda», indicaron fuentes del ministerio, que puntualizaron que esta asociación «forma parte del Nuevo Plan para la Inmigración, la respuesta del Gobierno para reformar el sistema de asilo, que actualmente le cuesta a los contribuyentes del Reino Unido 1.500 millones de libras esterlinas al año, para crear un sistema de inmigración justo pero firme». El primer ministro defiende que el plan, que forma parte de su promesa de «recuperar el control de las fronteras» británicas, no infringe la legislación internacional.

El plan, que permite al Gobierno enviar a inmigrantes irregulares a un tercer país «seguro» tras alcanzar suelo británico y que fue anunciado en abril, pretende ser una de las herramientas para evitar el tráfico de personas y reducir el número de fallecidos en el Canal de la Mancha, pero la oposición, que ha calificado la política de «poco ética, completamente inviable, exorbitantemente costosa y profundamente antibritánica», y las organizaciones de Derechos Humanos ponen en duda su legalidad, entre otros motivos porque la deportación no puede apelarse y por el pobre historial de Ruanda en materia de derechos humanos.

Uno de los grupos más críticos es el Refugee Council (Consejo de Refugiados), organización líder en el trabajo con refugiados y solicitantes de asilo, fundada en 1951 tras la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Enver Solomon , su director, denuncia que esta es una medida «cruel» que «no detendrá» a las bandas de traficantes. «Enviar a las personas que buscan asilo para que sean procesadas en el extranjero no hará absolutamente nada para abordar las razones por las que emprenden viajes peligrosos para encontrar seguridad en el Reino Unido».

Añadió que tienen en sus manos «informes preocupantes sobre el impacto devastador que está teniendo sobre los solicitantes de asilo la amenaza de ser expulsados a Ruanda. Estamos escuchando historias trágicas sobre el impacto severo en la salud mental, incluidos niños pequeños y vulnerables que están aterrorizados por lo que les sucederá» y que incluso han llegado a «autolesionarse».

Y es que estas nuevas medidas para controlar la inmigración ilegal «están teniendo un impacto perjudicial en la salud física y psicológica de las personas que buscan asilo en el Reino Unido», según la Cruz Roja Británica. Para su director ejecutivo, Mike Adamson , «es de vital importancia que las personas que han sido desplazadas de sus hogares se sientan seguras», pero el temor solo provocará que intenten mantenerse en «la clandestinidad». Es el caso de un joven que precisamente huyó de Ruanda y que se puso en contacto con la Cruz Roja en Inglaterra por temor a que lo devolvieran al país, y declaró que intentará esconderse y se abstendrá de buscar apoyo público para que las autoridades no lo identifiquen. Otro joven de 20 años con quien consiguió hablar la cadena Al Jazeera y que está detenido en el Centro de Expulsión de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres, dijo que huyó de Siria sin documentos y decidió iniciar una huelga de hambre como protesta después de que «el 20 de mayo el Ministerio del Interior me notificara la decisión y me diera un billete a Ruanda». «No veo ninguna razón por la que deba ir a un país de África donde no tengo parientes ni familia. Si el Gobierno del Reino Unido insiste en mi deportación a Kigali y me obliga a subir al avión, me quitaré la vida», advirtió.

Un detenido de 23 años criticó que «aunque todos somos refugiados, no entiendo por qué me trasladarán a Ruanda cuando los ucranianos son bienvenidos» , haciendo referencia al plan de acogida que se puso en marcha tras la invasión rusa a Ucrania. También un hombre afgano de 32 años que llegó a Reino Unido siendo un niño le contó al diario 'The Independent' que trató de suicidarse cuando supo que se enfrentaba a la deportación a Ruanda.

La atmósfera de desolación y angustia parece ser la misma en todos los centros de detención, como en el de Brook House cerca del aeropuerto de Gatwick, donde una veintena de solicitantes de asilo estuvieron cinco días en huelga de hambre. Uno de ellos es un sirio que declaró a la BBC que estoy «listo para morir, pero no para irme a Ruanda». «Cuando escucho las noticias de que van a deportarnos y que vamos a recibir un permiso de residencia de cinco años, empiezo a golpearme». Y Asim, un sudanés de 25 años que llegó cruzando primero el Mediterráneo desde Libia y luego el Canal desde Francia, explicó que «hui de Darfur debido al conflicto. Secuestrarme y llevarme a Ruanda va en contra de mis derechos humanos básicos y, para protestar por eso, estoy en huelga de hambre».

El Ministerio del Interior no ha confirmado cuántas personas han recibido ya la carta de expulsión, pero las organizaciones hablan de centenares.