Estado de emergencia en Honduras por los motines carcelarios

Los enfrentamientos se producen después de que el gobierno hondureño declarara el martes 17 de diciembre el estado de emergencia en las prisiones del país y pusiera al Ejército al frente del sistema penitenciario. Así, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió las labores del Instituto Nacional Penitenciario y sustituyó a esos funcionarios por las Fuerzas Armadas. La emergencia fue declarada con el «propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria», según la orden ejecutiva publicada en el diario oficial La Gaceta.

Las dos masacres evidencian el gran reto que tiene por delante el Ejército hondureño para tratar de hacerse con el control de las prisiones. Algunos de los 18 presos que murieron el domingo habían sido asesinados con armas de fuego, cuchillos y machetes. Se desconocen las causas de la segunda matanza, pero la prensa local informa de que el incidente se produjo después de que uno de los presos abriera fuego contra otros reos. La reyerta del viernes fue un tiroteo entre miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, dos de los principales grupos criminales que operan en Honduras y que han llevado al país a tener una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 personas, una de las más elevadas del mundo, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Y es que Honduras sufre desde hace días una crisis en sus 27 prisiones, en las que hay encerradas más de 21.000 personas . El pasado sábado, 14 de diciembre, también fueron asesinados cinco integrantes de la peligrosa banda Mara Salvatrucha en La Tolva y, por otro lado, el viernes, 13 de diciembre, fue asesinado Pedro Idelfonso Armas, el director de la cárcel El Pozo I. El empleado público había sido suspendido de su puesto para ser investigado por haber presenciado en octubre la muerte de Magdaleno Meza, uno reo que además era socio de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

La violencia que generan las pandillas, o maras, es una de las principales razones por las que unos 500.000 centroamericanos abandonan cada año El Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- y emigran hacia Estados Unidos. Así, un 50% de los centroamericanos que cruzan México confiesan haber dejado sus países debido a razones relacionadas con la violencia, según un estudio de Médicos Sin Fronteras que fue publicado en 2017.

Desde que tomó el poder en 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha centrado sus esfuerzos en intentar combatir la criminalidad, por lo que creó una unidad especial de policía conocida como TIGRES , sus siglas, centrada en combatir al crimen organizado y la delincuencia común. Mediante una política de «mano dura» contra los criminales, el Ejecutivo de Hernández ha conseguido bajar la tasa de homicidios a 41 por cada 100.000 personas de los 75,1 por 100.000 habitantes de 2014.

El país, sin embargo, lleva años sumido en una grave crisis social y ha vivido varias protestas a lo largo de este año, incluyendo una huelga de transportistas que dejó varias ciudades desabastecidas, un curioso evento en el que un grupo de TIGRES se declaró en rebeldía y fueron violentamente reprimidos por otros policías.

Mientras tanto, Juan Antonio Hernández , el hermano de Juan Orlando Hernández, fue condenando este año por delitos de narcotráfico por una corte en Estados Unidos, una situación que pone en entredicho al gobierno del presidente cuyo mandato terminará el 27 de enero de 2022 . Precisamente, la Justicia estadounidense condenó a Juan Antonio Hernández por el contenido de unas libretas de Meza que tenían registros de cargamentos de estupefacientes.

Lograr estabilizar Honduras es muy importante para Estados Unidos, puesto que es el lugar del Triángulo Norte desde el que más personas se están marchando. El 67,6% de los emigrantes que cruzan México son hondureños. Con el objetivo de poner freno a la llegada de centroamericanos a sus fronteras, Estados Unidos ha cerrado acuerdos con Guatemala y México para que estos países latinoamericanos mejoren sus controles a la emigración.