EE.UU. reorganiza su ayuda financiera para intentar contrarrestar a China

Difícil de igualar las cuantías de los préstamos otorgados por los grandes bancos estatales chinos (desde 2006, el Banco Chino de Desarrollo y el Banco Export-Import han dado 138.000 millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos), al menos EEUU ha decidido aumentar lo presupuestado para participar en programas de desarrollo y ha unificado varios instrumentos de que disponía para así trasladar una mayor imagen de implicación directa. A diferencia de los grandes préstamos chinos, se trata de programas que van de la mano de la iniciativa privada y las inversiones tienen en cuenta la eficiencia de los créditos. Esta nueva política destinó a Latinoamérica 8.500 millones de dólares en el año fiscal estadounidense de 2020, sobre todo a través del programa «América Crece», de reciente creación.

Al final de la era Trump, EE.UU. constituyó la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas DFC), que básicamente fusionaba dos entidades previas, la Corporación para la Inversión Privada en el Exterior (OPIC) y la Autoridad Crediticia para el Desarrollo (DCA), dependiente de USAID, la gran agencia estadounidense de ayuda internacional. Las nuevas disposiciones aprobadas en el Congreso permitían doblar, hasta los 60.000 millones de dólares, el dinero público destinado a financiar proyectos exteriores, mediante créditos a consorcios públicos y privados o la participación accionarial en ellos. Junto a los 8.500 millones destinados a Latinoamérica, en 2020 la DFC aportó 8.000 millones para inversiones en África, otra de las áreas que EE.UU. quiere disputar a China (las dos regiones supusieron algo más de la mitad de los fondos invertidos por la DFC).

A medida que las empresas chinas van ganando en tamaño internacional, gracias muchas veces a las ayudas estatales, Pekín está variando su política financiera hacia Latinoamérica. Desde 2015 ha estado reduciendo la cuantía de los préstamos de sus bancos públicos a los gobiernos de la región y en 2020, año de gran incertidumbre por la pandemia, llegó a no otorgar ninguno. En cambio, diversos fondos chinos, con capital igualmente público y destinados a la cooperación internacional, han estado financiando operaciones de empresas chinas para su expansión en Latinoamérica, por ejemplo mediante la compra de compañías locales. De forma que la inversión extranjera directa (IED) china está en claro crecimiento.

Entre 2010 y 2019, el promedio anual de IED de EE.UU. en la región fue de 20.000 millones de dólares, seguido de la inversión realizada desde España, que fue de un promedio anual de 12.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Cepal. En ese periodo, China fue solo el sexto inversor, justo detrás de Japón, con unos 4.500 millones anuales.

Sin embargo, en 2019 la situación marcaba ya un cambio. EE.UU. y España seguían como máximos inversores, con 19.500 y 17.000 millones respectivamente (EE.UU. supuso ese año el 27% de la IED recibida por Latinoamérica, y Europa en su conjunto el 55%), pero China saltaba al tercer lugar, con 13.000 millones de dólares.

En su año de existencia, la FDC ha suscrito varios acuerdos de entendimientos con gobiernos latinoamericanos, como los firmados con Honduras y Guatemala, que contemplan una inversión de 1.000 millones de dólares en tres años en cada uno de los dos países para diversos proyectos de infraestructuras, así como el establecido con Colombia, que prevé una aportación de 2.100 millones (de ellos, recientemente se han concretado 250 millones para la autopista Rumichaca-Pasto, de 84 kilómetros, que conecta el sur colombiano con la frontera ecuatoriana).

Pero el acuerdo más llamativo es el suscrito en enero de este año con Ecuador, cuyo fin último fue dotar al Gobierno de Lenín Moreno –y ahora al de Guillermo Lasso , que no parece que vaya a cambiar de política en este punto– de fondos para devolver créditos a China y así verse desligado de cualquier obligación con Pekín. Como contrapartida, Washington exige que Ecuador deje fuera de su red de telecomunicaciones a compañías chinas (exclusión de Huawei del 5G).

Esa dotación de casi 4.000 millones de dólares para Ecuador, a través de un vehículo financiero especial, atrajo cierta polémica al ser una de las acciones más políticas de la FDC y anunciarse días antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca, como un empeño personal del entonces CEO de la corporación, Adam Boehler, que ha sido sustituido por la Administración Biden. El hecho de que la operación no tenga como misión primera un objetivo de desarrollo evidencia su claro carácter político, pero en última instancia responde al propósito detrás de la FDC de parar los pies a China