EE.UU. detiene al que fuera jefe de la policía de México por colaborar con el cartel de Sinaloa

La relación de García Luna con los narcos de Sinaloa ha salido a la luz en numerosas ocasiones. En el juicio en Nueva York el año pasado del que fuera el líder del cartel, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán , uno de los testigos estrella y ex mano derecha del acusado, Jesús Zambada García, aseguró que había entregado maletines con tres millones de dólares en dos ocasiones al que fuera el máximo responsable de la Policía Federal de México, el principal cuerpo de la lucha contra el narco. Según el testigo, el cartel reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornarle y le presionó para que pusiera al frente de la policía de Culiacán a un comandante amable con los narcos. «Es mentira, difamación y perjurio a mi persona», reaccionó entonces el ex alto cargo.

García Luna llegó al puesto de ministro de Seguridad Pública en 2006 bajo la presidencia de Felipe Calderón tras haber liderado la Agencia Federal de Investigación desde 2001. Antes de dejar su cargo en 2012, presidió en abril de 2011 la XXVIII Conferencia Internacional de Lucha contra la Droga. Tras salir del Gobierno, se instaló en EE.UU.

«García Luna es acusado de llevarse millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa del ‘Chapo’ Guzmán mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de mantener la seguridad en México», aseguró ayer Richard Donoghue , fiscal del Distrito Este de Nueva York, donde se espera que García Luna sea juzgado.

Según la fiscalía, el acusado recibió el dinero «por dar protección a las actividades de narcotráfico» del cartel. García Luna permitió que los narcos obtuvieran vía libre en sus envíos de droga , información privilegiada sobre las investigaciones en su contra e información sobre carteles rivales.

Las autoridades acusan a García Luna de tres cargos relacionados con narcotráfico y uno sobre falsedad en su testimonio cuando mintió sobre su actividad criminal al solicitar la ciudadanía estadounidense en 2018.

Los cargos podrían derivar en sentencias de entre diez años de cárcel y prisión de por vida.