Detenidos la enfermera y el jefe de seguridad de Chávez por orden de Venezuela

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, que no han podido precisar los delitos por los que Venezuela ha cursado esa orden, sus arrestos los ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El abogado de los detenidos, Manuel S. Varela, ha atribuido su arresto a la búsqueda de « chivos expiatorios » por parte del régimen venezolano «para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo» de ese país.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó de esta detención a través de Twitter el pasado 10 de abril, y dijo que se debía al caso de los llamados « papeles de Panamá ». Finalmente, los arrestos no se han producido hasta hoy.

Tanto Guillén como Velásquez Figueroa, que son marido y mujer, están señalados en la investigación de los «papeles de Panamá» por supuestamente haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada.

Esta misma investigación ubica a la pareja como personas muy cercanas a la primera magistratura, a Guillen como enferma de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.

En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana realizó allanamientos a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento «se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela».

Ese año, días después de que se publicaran los «papeles de Panamá», la Fiscalía de Venezuela informó de la imputación contra Velásquez y su hermano Josmel Velásquez, quien está privado de libertad, por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionados con la misma investigación.

En un comunicado difundido a partir de la detención, la defensa de Guillén y Velásquez afirma que sus clientes «llevan años perseguidos por el régimen venezolano » y «han visto sus familiares detenidos sin cargos, y sin la habilidad de consultar abogados o acceder a un debido proceso legal».

Añade que «ahora este régimen ilegal continúa ignorando normas de debido proceso y justicia y, lamentablemente, ha conseguido utilizar instituciones del Estado español para realizar su esquema criminal" y por ello espera que "un juez reconozca este abuso de normativas internacionales y que haga justicia conforme a un Estado de derecho».