Denuncian la violación de derechos de mujeres y opositores en Venezuela

La Comisión ha identificado que, si bien en Venezuela se celebran elecciones de manera continua y frecuente, “existen obstáculos que afectan la igualdad de condiciones de los candidatos de la oposición política para ser elegidos, así como también ciertas limitaciones que perjudican el ejercicio del poder por parte de las autoridades electas por voto popular, cuando estas autoridades no son parte del oficialismo”.

A la CIDH le preocupa que el gobierno de Hugo Chávez inhabilite políticamente a los candidatos opositores para impedirles su participación en los comicios. Y muestra también su inquietud por el clima de hostilidad e intolerancia que afecta a los defensores de los derechos humanos.

La comisión muestra igualmente su recelo por las “restricciones” que se imponen a los opositores y, en general, a las organizaciones que muestran disenso con las políticas del gobierno, que “son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad”.

En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH reitera las conclusiones de informes anteriores, es decir, que en Venezuela no se propicia un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, y le preocupa que se hayan adoptado reformas al marco jurídico que tienden a cerrar y no a promover el debate público.

Constata que el Ejecutivo no da acceso a la información pública, lo que supone un obstáculo para el “necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas”. Y ha impedido la visita de la Comisión para observar lo que está ocurriendo en el país.

También la violencia y la delincuencia afectan la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. La Comisión considera” alarmante el número de casos en los que se ha denuncia o comprobado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes propiciados por agentes estatales. Los homicidios, los secuestros, el sicariato y la violencia en el campo afectan la seguridad de los ciudadanos en el país”.

Por otro lado las mujeres en Venezuela continúan siendo “víctimas de la violencia y la impunidad”. “Los actos de represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores de derechos humanos y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, la criminalidad común y organizada, los hechos de violencia en las cárceles, la violencia contra la mujer y otros graves, se caracterizan por los altos grados de impunidad”.