La defensa de los derechos humanos en Iberoamérica, ante la peor crisis de su historia

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, anunció el 23 de mayo que tendrá que despedir al 40 % de su personal y suspender trabajos esenciales si no recibe antes del 15 de junio los dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir con sus funciones, entre las que se encuentran las audiencias y visitas a países.

«Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales», considera en una nota de prensa el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

«Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión», añade Vivanco.

Como ya hizo la propia CIDH, Human Rights Watch pide a los 34 estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los Derechos Humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos .

La Unión Europea y sus socios se han visto obligados a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de Derechos Humanos para centrar sus recursos en una crisis que les es más próxima: la llegada de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria y de la violencia o la pobreza en otros países asiáticos y africanos.