Crece la incertidumbre entre los indocumentados por las medidas de Trump: «No somos delincuentes»

«Ahora mismo los migrantes tardan 20 segundos en saltar el actual muro. Con el de Trump serán 40 segundos, no les detendrá», indica Enrique Morones, fundador de la ONG Ángeles de la Frontera, dedicada al apoyo de los indocumentados en EE.UU. La barrera que actualmente existe –que se comenzó a construir en 1994– se creó para frenar el tráfico de drogas y de inmigrantes latinoamericanos a EE.UU. Pero ambos han seguido llegando.

«Lo único que ha conseguido este muro es causar la muerte de 11.000 personas», una cifra que calculan en Ángeles de la Frontera, pero que es difícil de saber porque no hay datos de muchos de los fallecidos en el desierto. Son tres días caminando, portando reservas muy limitadas de agua en una zona en la que hace mucho calor por el día y mucho frío en la noche. Muchos mueren de hipotermia y deshidratación por alcanzar su sueño de pisar suelo estadounidense.

El presidente Trump busca ahora fondos para cercar los 2.000 kilómetros que faltan de frontera (casi como de Madrid a Berlín por carretera), un proyecto que el Congreso estima que cueste alrededor de 21.600 millones de dólares (el AVE Madrid-Barcelona alcanzó un costo de 9.000 millones aproximadamente). Enrique toca una rudimentaria escalera forjada de hierro ubicada en su despacho. «La encontré cerca del muro. ¿Sabes que va a pasar si Trump construye un muro de 13 metros? Pues que habrá escaleras de 13 metros», sentencia.

«Estamos preocupados de que los patrones tengan miedo de contratarnos por Trump y nos quedemos sin trabajo», así se expresa Antonio, de 28 años, uno de los 11 millones de indocumentados que viven en EE.UU, él lleva un año y medio trabajando «de lo que salga». «A veces toca jardinería, otras cavar una zanja o cargar sacos de cemento. Estamos aquí para lo que toque», dice este mexicano que dejó atrás a su mujer e hijo para mandarles unos dólares haciendo el trabajo que los estadounidenses no quieren realizar.

«Si empieza a amenazar a los patronos por darnos trabajo, nos quedaremos sin empleo», afirma César, que asegura llevar 10 años en EE.UU.

Otro grupo al que afecta la ley de inmigración , es aquel de los que llegaron como indocumentados siendo niños. Llevan años, hasta más de una década, viviendo en EE.UU. y, sin embargo, no tienen nacionalidad estadounidense. Son los llamados «dreamers», un grupo de unos 800.000 inmigrantes que no hablan español y sueñan  –dream significa soñar en inglés– con regularizar su situación.

Dulce Aguirre, de 23 años, llegó a San Diego con sus padres cuando tenía 9 años. «Ya casi soy más de aquí que de allí porque desde entonces no he vuelto a México», confiesa. Tiene su situación regularizada gracias al programa DACA, una iniciativa aprobada por Obama en 2012 que permite a los «dreamers» obtener un permiso temporal para trabajar y estudiar legalmente que dura dos años con opción a ser renovado. El permiso está a punto de expirar y le toca renovarlo. Al presentar sus datos en este programa, miles de «dreamers» dejaron de estar en las sombras para aparecer en los registros del gobierno. Ahora tienen miedo de lo que pueda pasar con esos datos si el programa se cancela. «Para mí DACA es un asunto muy difícil», decía Trump estos días. «¿Qué significa? ¿Qué quiere decir?», se pregunta Dulce.

Si tuviera delante al presidente de EE.UU., dice que le pediría «que se tomará el tiempo necesario para conocer la verdadera situación de los inmigrantes como mi familia. Hemos hecho un esfuerzo enorme para venir a trabajar a EE.UU. Y a pesar de lo que cree, la mayoría no somos ladrones y delincuentes, sino trabajadores».