Los comunitarios temen discriminación laboral e inseguridad tras el Brexit

Durante un acto con corresponsales celebrado este lunes en la Asociación de la Prensa Extranjera de Londres, se dieron a conocer los datos y conclusiones del estudio, que revela además el enorme impacto negativo del llamado « plan de asentamiento », que en la práctica supone una especie de permiso de permanencia en el país.

Según el Gobierno, «aquellos que aún no han vivido en el Reino Unido durante un mínimo de cinco años recibirán un estatus de pre-asentados y podrán solicitar el estatus de residentes una vez que cumplan los cinco años». La solicitud debe hacerse online y a través de una aplicación que está disponible para dispositivos Android y Apple antes de mediados de este año, lo que supone un problema para muchas personas, por ejemplo los ancianos o enfermos.

Según Colin Yeo, abogado especialista en derecho de inmigración y fundador de «freemovemente.org.uk», cuando llegue el final de la libre circulación entre la UE y Gran Bretaña será inevitable que atrás quede «una población significativa de ciudadanos europeos que se convertirán en residentes ilegales».

La encuesta, según la investigadora, identifica las preocupaciones clave de las personas que tienen que solicitar el permiso, y que van desde la discriminación y la pérdida de identidad, hasta la preocupación por la falta de transparencia y visibilidad, así como el miedo a que el Gobierno sea incapaz de ofrecer seguridad en el largo plazo.

Una de las mayores preocupaciones de los tres mil encuestados es la falta de una prueba física del permiso para permanecer en el país tras el divorcio, que empezará oficialmente el próximo 31 de enero pero que cuenta aún con un período de transición hasta final de año.

El Gobierno del primer ministro, Boris Johnson , argumenta que el permiso es «digital», pero eso supone una incapacidad de demostrar fácilmente que se tiene. Así, el 89% de los encuestados señaló su descontento con que el permiso sea solo en formato digital y temen ser discriminados en el trabajo, al cruzar las fronteras o al tratar de alquilar una vivienda, por ejemplo. Además, el 10,9% manifestó que los propietarios de las casas de alquiler y los bancos, entre otros, ya les han preguntado sobre su proceso de residencia, aunque esto no sea legalmente necesario hasta el 2021.

El Ministerio del Interior defiende que el estatus digital es mejor que un documento físico, ya que «está vinculado a su pasaporte y así no se corre el riesgo de tener un documento físico que puede perderse, ser robado, dañado o manipulado». El informe hecho público ayer recoge además los testimonios en primera persona de algunas de las personas que participaron en él. «Estoy trabajando en el sector público y alguien de recursos humanos me dijo que no pueden formalizar mi contrato permanente ya que mi futuro es incierto en el Reino Unido. Me pidieron que probara que he solicitado el estatus de asentamiento».

Según explicó Luke Piper , experto legal que acompañó a los otros ponentes de la mesa, «un empleador puede ahora mismo denegar un empleo debido a la incertidumbre del estatus y ya hemos visto casos de gente que ha sido despedida por no tenerlo».

Los testimonios son muy reveladores. Hay ciudadanos que debido a este nuevo requisito están sufriendo mucho estrés, negación e incluso problemas mentales. Al enojo que supone para muchos haber vivido muchos años en Gran Bretaña con todos los derechos y que ahora tengan que aplicar para vivir y ser sometidos a lo que el experto llama «un control migratorio», se suma la complejidad del proceso, que alguna sufre por problemas de conectividad a internet, por no tener el móvil correcto, por tener algún incidente con el pasaporte debido al formato en el que están ordenados nombres y apellidos o directamente por no saber qué hacer. Según la investigadora, el daño va más allá del proceso de solicitud, que al final ha resultado ser satisfactorio en un 97% de los casos, porque da cuenta de «una erosión de la confianza, una erosión del bienestar y una erosión del sentido de pertenencia entre los encuestados.

El Gobierno tiene el deber de dar tranquilidad a los ciudadanos de la Unión Europea y Suiza. Las palabras huecas no son suficientes». Hay casos además muy difíciles, como el de una ciudadana alemana de 90 años que vive aquí desde 1961 y que ya es «más británica que la reina», pero no tiene como probar su residencia.

En la misma línea se manifestó Maike Bohn , cofundadora de «The 3 million», para quien «este informe muestra que el Gobierno del Reino Unido no se ha ganado la confianza de los ciudadanos de la UE, ya que ha pasado los últimos tres años dando mensajes contradictorios. ¿Somos los «vecinos, colegas, amigos» o somos los «saltadores de colas, buscadores de beneficios, invitados no deseados, los que acabamos con el NHS (el servicio nacional de salud?», se preguntó.

Esta encuesta ha salido a la luz tres días después de que el coordinador del Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt , y el ministro de retirada de la UE, Stephen Barclay , garantizaran que los ciudadanos de la UE «no serán deportados automáticamente» si no solicitan el permiso pero según el experto legal, en caso de que el ambiente se torne más hostil de lo que ya es, corren el riesgo de ser obligados a salir.