Una comisión internacional revisa la muerte de Oswaldo Payá en Cuba 9 años después

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington y dedicado a proteger los derechos humanos en el continente americano.Oswaldo Payá, fundador del llamado Proyecto Varela para impulsar una apertura demócratica en Cuba, y Harold Cepero perdieron la vida después de que el 22 de julio de 2012 se saliera de la carretera un vehículo que conducía Ángel Carromero por el oriente de la isla y en el que también iba el político sueco Jens Aron Modig .

Desde el principio la familia de Payá rechazó la versión oficial de que se había tratado de un mero accidente de tráfico y denunciaron que el coche había sido sacado de la vía de forma deliberada por otro vehículo. A los pocos días de los hechos, el régimen difundió un vídeo en el que Carromero se hacía responsable de lo sucedido y negaba que les hubieran golpeado por detrás. Un tribunal cubano condenaría en octubre al joven político español a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, si bien a finales de 2012 se le permitió seguir cumpliendo la sentencia en España , y en enero de 2013 obtuvo el tercer grado y pudo salir de prisión.

«Fue un juicio farsa, un montaje, uno más de los que ha hecho la dictadura durante décadas», asegura a ABC Carromero, que ayer estaba llamado a dar su testimonio por videoconferencia en la audiencia de la CIDH. Según sostiene, «sabían cuál iba a ser la condena antes de celebrarse». «Me obligaron a grabar un vídeo, sin haber tenido acceso a abogado, en el que me autoinculpaba, como hicieron ese año en Bielorrusia con el bloguero al que detuvieron después de que bajaron del avión», comenta en alusión al joven Roman Protasévich, detenido por el régimen de Alexánder Lukashenko tras obligar a aterrizar en Minsk al aparato en el que volaba de Grecia a Lituania y que atravesaba el espacio aéreo bielorruso.

Carromero, que en la actualidad es director general de Coordinación de la Alcaldía de Madrid, recalca que «no fue un accidente», que los «iban siguiendo como iban siguiendo a todos los opositores» y que los «echaron de la carretera» para hacer «desaparecer al principal opositor cubano, Oswaldo Payá». Además, señala que el propio régimen cubano fue variando su versión de lo sucedido. De hecho, indica como muestra de que se hizo un montaje, en las imágenes difundidas por el régimen se ve unas veces el coche que él conducía con parachoques y otras sin él.

Recuerda, en este sentido, que Human Rights Watch «presentó pruebas de que era una farsa». En un informe publicado en 2015 tras recabar testimonios y pruebas que no se habían tenido en cuenta durante el juicio a Ángel Carromero, esta organización apuntaba a «la responsabilidad directa del régimen cubano en la muerte de Payá y Cepero» y concluía que «no fue un accidente», sino «el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado».

Carromero espera ahora que, pese a la lentitud del proceso iniciado por la CIDH en 2013 a instancias de las familias de Payá y Cepero, el pronunciamiento de esta entidad contribuya a reforzar la «presión internacional», ya que, a su juicio, «es lo que debilita a los regímenes comunistas».

Aunque Cuba no es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, por la cual se rige la CIDH, los familiares de las víctimas esperan que la acción de la Comisión contribuya a hacer justicia. Este martes estaban llamados a intervenir en la audiencia, entre otros, Rosa María Payá y Ofelia Acevedo , hija y viuda respectivamente de Oswaldo Payá; Amílcar Cepero , padre de Harold Cepero, además del mencionado Ángel Carromero.

Poco antes de participar en la audiencia, Rosa María Payá aseguró a ABC que esperaba que, tras casi nueve años procesando el caso, «la CIDH finalmente condene el asesinato de Estado de mi padre y Harold, cuyas muertes solo pudieron ser ordenadas por Fidel y Raúl Castro». «A mi padre no lo llevaron al hospital, fue asesinado», recalcó. A su juicio, la condena de la CIDH «es fundamental para frenar la impunidad del terrorismo de Estado en Cuba».

Así mismo, criticó que el alto represenante de la UE para la política exterior, Josep Borrell , siga «resistiéndose a tener una política solidaria con el pueblo cubano pese a la resolución del Parlamento que le manda a activar el mecanismo global de sanciones contra los criminales en el poder en Cuba y aplicar la cláusula de derechos humanos por violacion del acuerdo entre la Unión y el régimen», lo que, en su opinión, «refuerza la tolerancia a la represión de la dictadura».