Colombia y EEUU firman el acuerdo para el uso de bases militares

Los norteamericanos tendrán acceso a siete bases para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

AGENCIAS |
BOGOTÁActualizado:

Colombia y Estados Unidos han firmado hoy el polémico acuerdo que permite a soldados y asesores norteamericanos usar al menos siete bases militares en territorio colombiano para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según han informado fuentes oficiales.

El documento ha sido suscrito por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador norteamericano en Bogotá, William Brownfield, en un acto privado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia en el centro de Bogotá. Los ministros colombianos de Defensa, Gabriel Silva, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, han acompañado a Bermúdez en la firma del compromiso, precisaron los portavoces.

Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno del presidente de este país, Rafael Correa.

Acuerdo positivo

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según detalles del acuerdo anticipados por ambos gobiernos en semanas pasadas.

Sin embargo, el documento establece que los norteamericanos podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, que ha creado recelo en la región, particularmente en los gobiernos de Venezuela y de Ecuador.

"Para nosotros es muy positivo, es además una necesidad, y la región tiene beneficios también", ha declarado el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León.

A diferencia del Gobierno de presidente colombiano, Álvaro Uribe, que ha considerado que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso, el embajador Brownfield advirtió la víspera que, en su caso, es obligación legal dejarlo en consideración de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes.