Borrell no descarta aceptar la validez de las elecciones regionales de Maduro

Borrell indicó que la presencia de la misión de observación electoral está supeditada a la existencia de garantías de condiciones políticas y de seguridad que le permitan actuar «sin restricciones, ni limitaciones». Según Borrell, «las condiciones para mandar una misión de observación son muy variadas, desde cuestiones de seguridad a políticas. Hay que garantizar que las personas que enviamos pueden desarrollar el trabajo en un marco seguro y sin restricciones, ni limitaciones».

No hay fecha para el envío de esta misión técnica ni Borrell aclaró qué composición tendrá esta delegación, aunque se supone que el desplazamiento será pronto, para tener tiempo de tratar de inducir cambios en las prácticas de la dictadura antes de la fecha en la que tenga que decidir si se envía o no la misión de observación electoral.

En las elecciones legislativas que la dictadura organizó en diciembre, Borrell intentó por todos los medios que el régimen las aplazase para dar tiempo a negociar las condiciones de la observación electoral, pero no tuvo éxito. La oposición no participó en aquellas elecciones y la UE las consideró como nulas y no válidas. El régimen también decidió en febrero expulsar a la embajadora europea en Caracas, Isabel Brilhante , que todavía no tiene sustituto, después de que la UE decretase una nueva ronda de sanciones contra funcionarios de la dictadura. La UE respondió retirando su acreditación a la representante de Venezuela en Bruselas, Claudia Salerno .

La idea de Borrell al enviar esta delegación es, según explican fuentes diplomáticas, tratar de favorecer la existencia de condiciones mínimas para que la oposición pudiera participar en estas elecciones «de manera que el régimen no monopolice todas las instituciones» y se puedan abrir espacios de actuación a escala local o regional a través de los que llevar la ayuda a los venezolanos. En el debate de los ministros, el tema de la situación sanitaria y humanitaria en Venezuela centró la discusión sobre las posibles acciones de la diplomacia europea. Borrell, por su parte, parece dispuesto a correr el riesgo de legitimar a la dictadura si envía finalmente esta misión de observación. Pero también ha tenido en cuenta que hay sectores de la oposición que contemplan la posibilidad de participar en esta cita electoral, de modo que la presencia de observadores europeos podría suponer un apoyo a los disidentes.

La delegación que viaje ahora no será la misma que la que llegó a Caracas el año pasado con un formato que resultó ofensivo para la oposición porque no se había previsto reunirse con ellos. Su principal integrante, el vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora , está dedicado en cuerpo y alma a las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán.

En todo caso, la noticia ha coincidido con la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirma que Venezuela «está efectivamente legitimada para impugnar un reglamento que establece medidas restrictivas en su contra». Esta decisión «anula la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devuelve el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación».

Venezuela había interpuesto el 28 de noviembre de 2019 un recurso contra la sentencia del Tribunal General en la que negaba legitimidad al Gobierno de facto en Caracas para oponerse a su vez a las sanciones que le había impuesto la UE. Posteriormente, la dictadura solicitó que la anulación se extendiera también a otros dos reglamentos adoptados por el Consejo para prorrogar las sanciones.

Inicialmente, el Tribunal General había decidido que los representantes de la dictadura no estaban habilitados para oponerse a una decisión del Consejo de la UE porque las sanciones se dirigían contra individuos concretos, y no habían demostrado en su recurso que las sanciones afectasen su situación jurídica. La sentencia pronunciada ayer se refiere solo a la capacidad de los representantes de la dictadura, no sobre el fondo del asunto. Es decir, los jueces del Tribunal de Justicia devuelven a los del Tribunal General el caso, para que lo admitan a trámite y evalúen entonces si las sanciones son o no legítimas. No es extraño que los países y entidades afectadas por sanciones recurran estas medidas ante la justicia europea, aunque solo han conseguido revocarlas invocando defectos de forma.