Se cumplen tres años del asesinato de Berta Cáceres, la activista hondureña a la que mataron a tiros

Laura Zúñiga , hija de Cáceres, contaba a ABC meses atrás que antes de que levantasen el cuerpo de su madre, «el ministro de Seguridad ya estaba diciendo que era un crimen pasional». «Dudo mucho que eso pase con un hombre. Siempre se trata de llevar las luchas de las mujeres a los temas personales ; siempre se la intenta meter dentro de la casa, encasillarla en el ámbito privado. Y, si sale, se la tilda de loca», explicaba la joven en la sede madrileña de Amnistía Internacional. Con una taza de té entre las manos y un tono de voz pausado, relató que viene de una saga de mujeres valientes y rebeldes. Su madre fue asesinada porque molestaba, porque –según su hija– sus palabras contradecían los intereses económicos de otros. Su abuela, Austra Bertha Flores –la «famosa Mamá Berta»–, tiene ahora tiene 86 años y un pasado como la partera, enfermera y sanadora que vio nacer a más de 5.000 niños. También como política.

Fue alcaldesa de su pueblo, La Esperanza; la primera mujer de su país que ocupó un puesto de mando. «La mayoría de los hombres que entraron a la corporación municipal renunciaron, dijeron que no querían estar bajo las faldas de una mujer . A pesar de eso, ella siguió. Dijo: “Mejor, así no están molestando”. Y continuó siendo alcaldesa», narró Zúñiga. También se convirtió en gobernadora de Intibucá –uno de los 18 departamentos de Honduras– después de que el huracán Mitch destrozase el país. «Ella asumió el cargo porque el entonces gobernador renunció». Sin embargo, con la muerte de la más joven de sus hijas, «le ha tocado lo más difícil», aseguró Zúñiga, quien no duda que seguirá luchando.

El trágico desenlace tampoco las pilló por sorpresa. Era un secreto a voces que Cáceres recibía amenazas desde hacía años. Trataban de «intimidarla diciéndole que le iban a dar una paliza, a violar, a matar, a hacer daño a su familia ». A fuerza de repetición, tanto ella como su entorno lo acabaron viendo como algo cotidiano a lo que no había que prestarle demasiada atención. «A veces, se naturaliza. […] En un ambiente donde la amenaza es tan normal, es muy difícil darle la dimensión que tiene. Con el asesinato de mi mami, descubrimos que es real; lo doloroso y difícil que es para muchas personas que están luchando por la defensa de los Derechos Humanos darse cuenta de que si uno quiere proteger la tierra, el bosque, la educación, la justicia, la verdad... puede pasarle eso. La necesidad de justicia tiene que ver con desmontar ese mensaje de terror».

Además, Zúñiga tiene la sensación de que tampoco se hace justicia. O de que, si se hace, va muy lenta y se encuentra con muchos obstáculos. A finales de 2018 siete hombres –desde militares hasta cargos públicos– fueron condenados como autores materiales del crimen «en un juicio plagado de irregularidades en el que por ejemplo, la defensa de Berta y Gustavo Castro [único testigo del crimen, al que también intentaron asesinar] no tuvieron acceso al expediente completo ni a todas las pruebas del juicio», aseguran desde Amnistía Internacional (AI). Además, la ONG afirma que también «queda pendiente que durante 2019 empiece el juicio contra David Castillo, gerente general de DESA, quien fue arrestado el 2 de marzo de 2018, el mismo día en el que el año pasado se celebrara un acto pidiendo justicia por la activista».

Sin embargo, poco se sabe de quienes dieron la orden de acabar con su vida. «Ha sido bastante complicado. Sobre todo, porque los autores intelectuales son personas con mucho poder político y económico en Honduras, en Centroamérica. Eso hace que sea difícil hacer capturas », contó Zúñiga, que, además, no dudó en calificar al Gobierno como cómplice. «Es el Estado de Honduras el que da las concesiones mineras sin hacer consultas libres, previas e informadas; y propicia marcos jurídicos para la criminalización y persecución de las personas que están defendiendo los bienes de la naturaleza, de toda la Humanidad; cuando lo que debería hacer es cuidar de ellos, protegerlos». Para la activista, no es que el Ejecutivo esté mirando para otro lado, es que «está propiciando mecanismos de impunidad: hace mal las investigaciones».

También habló de la actitud que presentan los organismos internacionales ante lo que sucede dentro de las fronteras hondureñas. «Vemos con mucha extrañeza cómo organismos internacionales han tenido mucha levedad con Honduras. Estamos viviendo una situación bastante delicada en relación con los Derechos Humanos y sentimos una ausencia por parte de ellos, poca contundencia». Aludió a la OEA o de la ONU y se lamentó: «¿Por qué es tan difícil que se hable de Honduras?» . Explicó que el 26 de noviembre del año pasado hubo elecciones presidenciales, que Juan Orlando Hernández (Partido Nacional de Honduras) salió de nuevo victorioso y que el 27 de enero se celebró la toma de posesión, su (re)ascenso al poder.

«Se le está reeligiendo y (…) la Constitución de Honduras prohíbe la reelección expresamente. Aun así se hace en medio de escándalos de fraude. Ha habido asesinatos, detenciones , presos políticos que lo que hicieron fue salir y decir: “No queremos una dictadura”. Y no van a pasar un día en la cárcel, se pueden pasar allí su vida entera. Y, ante esto –ante perder la vida de diversas formas, ya sea siendo asesinado o siendo encarcelado– no escuchamos indignación, no vemos contundencia por parte de las organizaciones», señaló Zúñiga.

También contó que Honduras es el país más peligroso para los defensores medioambientales. Según la ONG Global Witness, 120 personas fueron asesinadas allí desde 2010 hasta 2018 por estas razones. El 15 de julio de 2013, Tomás García , miembro del COPINH, y su hijo Alan , un muchacho de 17 años, acudieron a una manifestación contra una presa que habían construido en Río Blanco. Entre el gentío, recibieron los disparos del Ejército hondureño: Tomás murió en el acto, Alan sobrevivió a pesar de que las balas le alcanzaron en el pecho, la espalda y un brazo.

El mismo destino le esperaba a William Jacobo Rodríguez , otro miembro del COPINH que se había declarado detractor de la presa, asesinado un año más tarde. En octubre de 2014, desapareció su hijo, un adolescente de 15 años que cultivaba maíz en la tierra lenca que la empresa quería para ampliar sus proyectos hidroeléctricos. Su cadáver apareció después, flotando en un río. Había sido torturado. Cuatro meses antes, ocho personas tendieron una emboscada a María Santos Domínguez , amenazaron con asesinarla y le cortaron un dedo con un machete. Después vino el asesinato de Berta Cáceres y, luego, el de otro de sus compañeros de batallas: Nelson García , al que destrozaron la cara a balazos. En julio de 2016, se encontró, entre escombros, el cuerpo de Lesbia Janet Urquía, con machetazos en la cabeza.

Sin embargo, esto no impidió a los hijos de Berta Cáceres criarse en el ambiente de la lucha por la naturaleza, por no renunciar a sus derechos. Zúñiga narró cómo, desde pequeños, participaban en las movilizaciones. «Íbamos a comunidades lenca cuando mi mami armaba alguna asamblea o reunión. Si teníamos curiosidad por un tema, nos quedábamos. Si no, nos poníamos a jugar por allí con otros niños. A las marcha nos gustaba mucho ir porque era como estar en medio de la gente. Éramos un montón de niños» rememoró, y añadió: «Creo que mi mami creía mucho en su forma de vivir. Crecí con ella; era una compañera también de lucha, una referencia para mí. También me he criado en un ambiente organizado, el COPINH, de donde ha salido un grupito de jóvenes de COPINH, ya no tan jóvenes –rió–, que jugábamos juntos».

Quizás, por ello, Zúñiga afirmó que ninguno de ellos tenía miedo : «Primero, porque estamos dentro de un colectivo en el que intentamos cuidarnos, pensar, soñar y actuar juntos. Y, segundo, porque pensamos que no lo merecemos, que es un sentimiento que no queremos en nuestra vida». Sin embargo, aunque el temor no rija su vida, reconoció que sí hay momentos en los que lo siente. Aseguró : «La coordinación general del COPINH ha recibido amenazas e, incluso, atentados. Por ejemplo, en junio de 2016, Bertha, mi hermana, que es ahora coordinadora general del COPINH, sufrió junto con otros compañeros un atentado en el que casi los tiran por un barranco [cuando se desplazaban en coche]. Se salvaron por muy poco».

Asegura que la sociedad de su país está «militarizada», que siente que luchan contra un gigante pero que con organización lograrán derribarlo y se niega a pensar que, al final, se acabe construyendo la presa. «Yo creo que una de las cosas que pasaría si se hiciera –que no va a pasar, insiste– sería la legitimación de las empresas sobre los territorios. Legitimar que se puede asesinar a las personas y que no hay ningún castigo. La impunidad total; un mensaje malísimo», concluyó.