Barack Obama hace historia con la reforma sanitaria

Tras pasar esta prueba de fuego por un margen de tan sólo 3 votos sobre la mayoría simple de 216 requerida en la Cámara Baja, el proceso legislativo exige ahora que el Senado complete la expeditiva tramitación impuesta por el Partido Demócrata. Con planes para que esta misma semana, la Cámara Alta se pronuncie sobre la llamada "ley sidecar", con las enmiendas introducidas por la Cámara Baja en el texto que originalmente aprobó el Senado el pasado mes de diciembre. Bajo la táctica conocida con el inocente nombre de reconciliación, los demócratas sólo requieren de mayorías simples para cambiar las reglas del juego sobre el equivalente a una sexta parte de la economía de Estados Unidos.

A juicio de los republicanos, que esperan pasar factura en las elecciones legislativas de noviembre, lo tramitado en Washington no es más que una catastrófica nacionalización del sector sanitario que representa 2,5 billones de dólares anuales dentro de la mayor economía del mundo. De acuerdo a las cuentas esgrimidas por los conservadores, la reforma supone diez años de subidas de impuestos y diez años de recortes en las prestaciones médicas a los jubilados para costear sólo seis años de beneficios que además no entrarán en vigor hasta el 2014.

El coste de esta significativa expansión sanitaria en Estados Unidos ha sido estimado por la Oficina Presupuestaria del Congreso en 940.000 millones de dólares durante su primera década. Con el compromiso de facilitar cobertura para el 2019 a un total de 32 millones de estadounidenses actualmente sin seguro médico. Lo cual colocará al país más rico del mundo lo más cerca en toda su historia del elusivo objetivo facilitar cuidados médicos a todos sus ciudadanos, con un 95% de cobertura.

Bajo los términos de esta histórica reforma que el presidente Obama podría rubricar para Semana Santa, el seguro médico -como ocurre con el seguro de accidentes para los propietarios de automóviles- pasará a convertirse en el plazo de cuatro años en una obligación para los estadounidenses. Tras quedar abandonada la idea de crear un seguro público alternativo, los que no tengan seguro a través de su trabajo, tendrán que suscribir pólizas privadas.

Para aquellos con menos recursos económicos, se ampliará el existente programa de beneficencia conocido como Medicare al que se podrán acoger todos los que ganen menos del 133% de la línea federal de pobreza: estimada en 29.237 dólares por familia de cuatro miembros. Para las personas de ingresos medios y pequeños negocios se facilitarán una serie de subvenciones. Las familias de cuatro que ingresen al año menos de 88.000 dólares se podrán acoger a esos subsidios progresivos, al igual que los individuos que ganen al año menos de 43.000. Se estima que unos 19 millones de americanos recibirán una media de 6.000 dólares anuales.

Los individuos que pese a todas estas facilidades no adquieran pólizas privadas se enfrentarán a multas anuales de hasta casi 700 dólares o un porcentaje de sus ingresos. Las empresas con más de cincuenta empleados también tendrán la obligación legal de facilitar seguro médico. De lo contrario, tendrán que pagar a multas anuales de hasta 2.000 dólares por trabajador, quedando exentos en esos cálculos punitivos los treinta primeros empleados.

Con el fin de reducir costes, cada uno de los cincuenta Estados de la Unión contará con su propio mercado competitivo ("exchange") y las compañías de seguros podrán también ofrecer pólizas a nivel nacional. A su vez, las aseguradoras no podrán negar pólizas de cobertura sanitaria a personas ya enfermas como hasta ahora han venido haciendo ante las llamadas "condiciones pre-existentes". Tampoco podrán aplicar co-pagos a sus clientes para cubrir cuidados preventivos. Además de permitirse que los hijos adultos hasta los 26 años puedan permanecer cubiertos bajo las pólizas de sus padres.

Para la Tercera Edad, la legislación aspira a cerrar gradualmente para el 2020 lo que popularmente se conoce como el "agujero del donut". Esto significa que también se subvencionará la porción de los gastos de farmacia no cubierta actualmente por el programa Medicare. Aún así, el gobierno se compromete a recortar en todo lo posible el malgasto y corrupción en el dinero público destinado a cubrir las necesidades sanitarias de los jubilados. Con la intención de ahorrar 500.000 millones de dólares en diez años.

En cuanto a fuentes de financiación nuevas, la legislación prevé un aumento del impuesto de Medicare aplicado sobre las nóminas de los americanos. Pero con un impacto restringido a las rentas más altas. Ya que se contempla una subida a partir del 2013 de nueve décimas, hasta llegar a un recargo del 2,35%, para individuos con ingresos anuales superiores a los 200.000 de dólares y aquellos matrimonios que hagan declaración de la renta conjunta y ganen más de 250.000 dólares al año. Junto a un impuesto adicional del 3,8% sobre inversiones aplicable a los contribuyentes con mayores ingresos. Las compañías farmacéuticas también se enfrentan a una mayor fiscalidad.

Los titulares de los seguros médicos más completos y costosos, conocidos como "planes Cadillac", se verán obligados a pagar una cuantiosa sobrecarga del 40% a partir del 2018, a pesar de la oposición de los sindicatos que en el pasado lograron para sus afiliados ese tipo de generosas pólizas. Este tasa aspira a convertirse en la principal fuente de nuevos ingresos para hacer frente a los gastos de la reforma sanitaria, con estimaciones de recaudar 149.000 millones de dólares en una década.