El asesinato con el que Assad quiso tapar sus masacres

Colvin fue asesinada el 22 de febrero de 2012 por uno de los cohetes que cayeron en el centro donde se situaban los medios de comunicación en esa base gestionada por activistas y que alojaba a la prensa internacional que cubría el conflicto. En el ataque también falleció Rémi Ochlik , fotoperiodista francés.

La juez califica el asesinato como parte de la política de violencia de larga duración del régimen hacia los medios de comunicación, a los que había calificado de «enemigos del Estado».

Esta sanción, el doble de la cantidad habitual que se aplica a una víctima del terrorismo, fue en reconocimiento del «acto desmedido» del régimen sirio.

Tras el veredicto, los abogados ahora se tendrán que afanar en rastrear los activos de Al Assad y tratar de exponerlos para pagar los daños. Se estima que el líder del régimen sirio tiene más de mil millones de dólares invertidos en todo el mundo, incluyendo propiedades y negocios. Gran parte de esa cantidad ha sido incautada por organismos extranjeros que investigan la corrupción existente en su Gobierno. Otra parte ha sido congelada después de la imposición de sanciones.

Colvin, estadounidense que vivió en Londres varios años, había cubierto guerras en todo el mundo y perdió su ojo izquierdo en un fuego cruzado mientras informaba en Sri Lanka.

La guerra siria estalló en marzo de 2011, cuando manifestantes a favor de la democracia trataron de derrocar a Al Assad, cuya familia ha gobernado brutalmente el país desde 1971. La ONU estima que al menos 400.000 personas han muerto en el conflicto.

A la hermana menor de Colvin, Cathleen, que presentó la demanda civil, se le concedieron 2,5 millones de dólares por su pérdida personal. «Han pasado casi siete años desde que mi hermana fue asesinada por el régimen de Assad y no pasa un solo día sin que piense en ella», asegura.

Paul Conroy , fotógrafo del «Sunday Times» herido en el mismo ataque, cree que la decisión judicial es correcta. «Nunca dudé ni por un minuto de que este ataque no fuera deliberado. Ahora las pruebas así lo atestiguan», señala.

Los abogados buscan desde hace años testigos, expertos y desertores del régimen para reconstruir cómo las fuerzas de seguridad sirias rastrearon a Colvin y localizaron su ubicación a través de la señal de su teléfono de satélite antes de lanzar el ataque de artillería que le costó la vida.

Scott Gilmore, abogado principal de la familia, califica la sentencia como «una reprimenda increíble al régimen de Al Assad», que no se defendió en este caso. Asegura Gilmore que la sentencia sienta las bases para una investigación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. y que miembros del régimen podrían ser acusados, incluido Al Assad. Serían, según el letrado, las primeras acusaciones de crímenes de guerra en el conflicto sirio.